Una pericial acerca el caso Marchelo a juicio tras 12 años de investigación

  • Según el resultado del último informe, habría medio millón más de perjuicio para las arcas públicas

El juez de Instrucción 2 de Santa Fe ya tiene sobre su mesa el último informe pericial encargado para cerrar la investigación del caso Marchelo, un asunto de presunta corrupción urbanística que se habría consumado en el municipio de Alhendín durante los primeros años de la década anterior. La causa lleva casi 12 años abierta.

La llegada del informe, que ha valorado los aprovechamientos urbanísticos vendidos por el Ayuntamiento de Alhendín al promotor de la gran urbanización de viviendas de Novosur, podría suponer el paso definitivo para que el juez cierre la larga instrucción del caso y, si lo estima conveniente, abra la fase preparatoria para un posible juicio.

Esta última diligencia encargada al final a un perito urbanístico ha mantenido paralizada la causa casi un año más, aunque ya acumulaba mucho tiempo, en el que ha sufrido múltiples vicisitudes, como tres cambios de juez al frente de la instrucción.

Esta pericial se refiere a una de las tres grandes operaciones urbanísticas que se investigan en la causa, que es la construcción de una promoción de unas 1.500 viviendas al filo de la autovía, en el término municipal de Alhendín.

Para ello, el promotor firmó un convenio con el Ayuntamiento de este municipio por el que adquirió todos los aprovechamientos urbanísticos que legalmente le corresponden al Consistorio, que son el 10% del total del plan parcial. En aquel convenio, se acordó que la empresa pagaría 1,2 millones de euros en metálico como contraprestación.

El último informe urbanístico valora ese 10% de aprovechamientos municipales que se quedó el promotor en 1,7 millones de euros, lo que representa alrededor de 500.000 euros de posible perjuicio económico para las arcas públicas.

Esta cantidad, que en realidad puede resultar no demasiado significativa en cuanto a la relevancia penal del asunto, se sumaría a otras posibles pérdidas económicas para el municipio que se habrían producido en los acuerdos sobre otros asuntos investigados en el mismo caso, como el parque empresarial Marchalhendín, la adjudicación de la obra de un parque o la venta de suelos para una gasolinera.

Con 16 investigados (entre políticos, funcionarios e importantes empresarios), la causa se sustenta en la posible comisión de delitos como prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio o blanqueo de capitales en la tramitación de aquellas operaciones urbanísticas. Están en juego más de 15 millones de euros de posible perjuicio económico. El caso es considerado por los especialistas judiciales en la materia como el gran caso granadino de posible corrupción y uno de los más graves en cualquier municipio del país. No obstante, con independencia de los hechos que al final queden acreditados en un posible juicio, los largos años de investigación hacen presumir que podría haber reducciones de penas por dilaciones indebidas en caso de que haya condenas.

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