Una pericial a favor de la discoteca del Serrallo cuesta 10.000 euros a la ciudad

  • Días antes del cese como alcalde en funciones, García Montero contrató un informe a un experto que también hacía trabajos para García Arrabal

  • La acusación popular pide responsabilidades

La jueza mandó cerrar la actividad de la discoteca del Serrallo. La jueza mandó cerrar la actividad de la discoteca del Serrallo.

La jueza mandó cerrar la actividad de la discoteca del Serrallo. / g. h.

Un catedrático de Derecho Administrativo firmó un informe en el que justifica que la instalación de una discoteca en el Serrallo es legal. En un proceso judicial donde se investiga a las personas que permitieron y promovieron esa construcción, la existencia de ese documento sería algo casi rutinario, pues es habitual que cada parte encargue y aporte a la causa periciales a su favor. Pero el trabajo de este catedrático ha resultado ser un asunto muy controvertido en este caso y hasta una posible prueba de cargo adicional para la imputación de los miembros de la anterior junta de gobierno local del PP, que está pendiente de valoración por parte de la jueza de instrucción.

El informe elaborado por el catedrático de la Universidad de Granada Estanislao Arana corre a cargo del Ayuntamiento de la ciudad, que tiene que pagar 10.312 euros (IVA incluido) por este trabajo. Fue encargado mediante una resolución del 27 de abril de 2016 por el entonces alcalde en funciones, Juan García Montero, y sin pasar por ningún otro órgano de gobierno. Es decir, que la adjudicación de esta pericial, en plena investigación del caso Serrallo, se hizo en los días de intervalo que hubo entre la dimisión de José Torres Hurtado e Isabel Nieto (por su detención en el caso Nazarí) y la llegada del nuevo gobierno socialista de Francisco Cuenca.

El informe dice que la discoteca y el levantamiento de cargas fueron legales

Otro dato controvertido: el informe tiene fecha de 24 de agosto de 2016 y su autor confirmó a este periódico en septiembre pasado que había realizado el trabajo, aunque prefería mantener su contenido reservado por el proceso judicial abierto. Pero el Juzgado de Instrucción 2, que investiga este caso desde 2014, no lo ha conocido oficialmente hasta el pasado 3 de abril, fecha en la que fue aportado a la causa por el abogado del Ayuntamiento de la capital, personado en la causa como acusación particular, por los posibles perjuicios para el interés de la ciudad de los hechos que se investigan. Junto a ese documento, el letrado del municipio ha presentado otro "de contradicción", firmado por el que fue director general de Urbanismo, Jacobo de la Rosa.

El letrado de la acusación popular, Jorge Carmelo Fernández Díaz, por su parte, ha remitido unos días después al Juzgado un escrito en el que solicita que no se admita este informe pericial (ni el de refutación), por su carácter "fraudulento". Y es más, viene a argumentar esta parte que las circunstancias del encargo, la elaboración y su aportación a la causa serían un motivo más para pedir a la jueza que llame a declarar como investigados a los anteriores miembros de la junta de gobierno local, pues su tramitación confirmaría la implicación activa de estos ediles en el asunto investigado.

En el último auto dictado por la magistrada María Ángeles Jiménez, relativo al caso Serrallo, ésta dejó abierta la puerta a una próxima imputación de estos ediles, aunque la condicionó a la declaración como nuevo investigado del exalcalde Torres Hurtado, que se produjo el pasado 27 de marzo.

El catedrático de Derecho Administrativo que hizo el informe, facturado a través de la Fundación UGR-Empresa por 8.522 euros más iva (10.312 euros), ha realizado también trabajos para el constructor Roberto García Arrabal, investigado en el caso Serrallo por ser el promotor de la discoteca.

Dos meses antes del cambio de gobierno por la detención de Torres Hurtado, el promotor remitió al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada un informe del mismo especialista en el que también consideraba legal el polémico proyecto presentado por Arrabal para construir una residencia de estudiantes en los terrenos de uso deportivo del Campus de la Salud; un asunto que también se está investigando en el caso Nazarí. En el informe, que forma parte de ese sumario, Arana afirma que lo hace "a instancia de Taler Real State SL", la empresa de García Arrabal.

Dos meses después, García Montero firmó el encargo para que elaborase el informe sobre el Serrallo, aunque esta vez a cargo del Ayuntamiento de la capital. En ese documento, el experto afirma que la discoteca construida en los terrenos destinados a espacios libres tiene encaje en el Plan General de Ordenación Urbana de Granada (PGOU) y en la legalidad urbanística, entre otras cosas, porque era una zona destinada a "espacios libres parque urbano", lo que permite una serie de usos "complementarios de apoyo al parque".

Esta construcción fue una licitación municipal (por procedimiento negociado, sin concurso) y durante la instrucción del caso se ha puesto en tela de juicio que al empresario García Arrabal se le permitiera después introducir usos más lucrativos que el original parque infantil. A juicio de Arana, "cualquier licitador con acceso al PGOU podía saber que la adjudicación del concurso conllevaba la posibilidad de gestión del 2% del suelo como uso lucrativo de apoyo".

Pero el objeto de ese estudio no era solo delimitar si la discoteca es acorde a la normativa, si no valorar la actuación posterior de la exconcejal de Urbanismo, que mediante un decreto autorizó el levantamiento y cancelación de las cargas urbanísticas sin que se hubiera hecho antes la liquidación del sistema de compensación. Es decir, sin que se hubieran aclarado las cuentas pendientes sobre deudas y cargas entre el promotor y el Ayuntamiento. Arana concluye su trabajo diciendo que esa forma de proceder de Nieto, a pesar de su "inoportunidad" e "innecesariedad", "no es contraria al ordenamiento jurídico ni implica perjuicio alguno para el interés general".

Esta última cuestión será el objeto de una prueba pericial encargada hace meses por la jueza y que finalmente ha sido encomendada a la Consejería de Economía de la Junta. Del resultado de este informe dependerán también otras cuestiones futuras como la imputación del interventor municipal, al que la Policía apuntaba en sus informes como otro de los responsables de que se hubieran perdido supuestamente 2 millones de euros para la ciudad.

En cuanto a los criterios tenidos en cuenta por Arana para decir que la discoteca del Serrallo es legal, el letrado de la acusación popular de Vox sostiene que se han quedado en "papel mojado", pues el informe es anterior a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la Ordenanza Municipal de Edificación. La Justicia ha anulado esta normativa que aprobó el Ayuntamiento de Granada (impulsada por algunos de los investigados en el caso Serrallo) por ser contradictoria con el PGOU, que es norma de mayor rango y para cuya modificación hay que iniciar un proceso que finalmente tendría que ser autorizado por el Gobierno andaluz. Las acusaciones sostienen que el anterior gobierno local del PP aprobó esa ordenanza para tratar de legalizar la actuación de la discoteca del Serrallo.

El abogado acusador que acaba de presentar su petición de nulidad de esta prueba pericial también pone en duda la parcialidad de este catedrático contratado por el Ayuntamiento. Fernández Díaz recuerda que el catedrático ha realizado informes de "cobertura" a García Arrabal y que intervino como perito de las defensas en otros procedimientos penales anteriores en los que fueron investigados algunos de los implicados ahora, como el del Cerrillo de Maracena.

En una ampliación de su escrito de esta misma semana, pone de relieve esta parte posibles implicaciones personales del catedrático con García Arrabal -que es el promotor de su propia vivienda, junto al Serrallo- y con otros investigados de este caso y del Nazarí, pues han trabajado juntos en un buen número de cursos -la mayoría dirigidos por él- y en la publicación de manuales.

El letrado advierte de las posibles responsabilidades que las circunstancias de este informe pueden tener, especialmente por "posibles delitos de obstrucción a la justicia, prevaricación y/o encubrimiento tanto del autor del informe como del encargante del mismo, presumiblemente a instancia de algunos de los investigados".

Así pues, para esta acusación "cobra especial relevancia y se justifica aún más la trascendencia y necesidad de la citación como investigados" de los miembros de la junta de gobierno.

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