Los peritos aprecian "afectación sexual" en el joven que denunció

  • El contraperitaje de la defensa dice que el testimonio está "condicionado" por la formación en psicología del denunciante

Las peritos psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Pamplona, que examinaron durante la fase de instrucción al joven que ha denunciado al padre Román M.V.C. por supuestos abusos sexuales, no apreciaron en el denunciante un trastorno de estrés postraumático, aunque aludieron a una "afectación" en el terreno sexual y en el ámbito religioso por la "ambivalencia" entre sus creencias y "la desconfianza" que estos supuestos episodios generaron en él.

En su declaración de ayer por videoconferencia ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, las peritos aludieron a un sintomatología de ansiedad y depresión leve en el joven, además de a una afectación sexual vinculada con las dificultades que presentaría para afrontar con normalidad la sexualidad con sus parejas y ante la aparición de "dudas y malestar" después de mantener relaciones íntimas.

Afirmaron que el denunciante no valoró los hechos como si se encontrara en una secta, sino que el padre Román era para él su "guía espiritual", casi "como un padre" en el marco de una "conducta sexual abusiva" que supuestamente se produjo "de forma gradual" en la que esta persona, que era su "referente", le decía "cómo debía vivir su sexualidad".

Esto generó al denunciante, a su juicio, una "disonancia" entre lo que "él sentía en su interior" cuando se producían los supuestos abusos y sus creencias religiosas, cuya base era "muy fuerte" y que luchaba por "mantener".

Las peritos relataron que esta sintomatología se hace visible a raíz de la "revelación de los hechos" y no antes, aunque lo ven compatible con un posible abuso sexual durante la "niñez", pues es frecuente que los niños "opten por apartar los abusos de su mente y vivir" con ello, como "si no hubiese ocurrido", como fórmula para adaptarse a este tipo de conductas.

Durante la penúltima sesión del juicio, también declaró otro perito psiquiátrico a propuesta de la defensa del padre Román. Este experto, presidente de la Asociación Española de Psiquiatría Legal, subrayó a preguntas de la defensa que en la actualidad no existe ninguna técnica fiable para determinar si una persona miente o dice la verdad en su testimonio y opinó que el informe de la Sección de Análisis de Conducta (SAC) de la Policía Nacional que analizó al denunciante y al denunciando "no es metodológicamente aceptable".

El experto llamó la atención en aspectos como el relato "sereno", "detallado" y "frío" de los episodios de abusos por parte del denunciante sin que exista "una respuesta emocional" como la que tiene por ejemplo cuando "se le pregunta por contradicciones" en su relato de los hechos. Opinó de hecho que su testimonio está "condicionado por su formación en el campo de la psicología y por la autointerpretación que él hace" y advirtió de que las personas que han sufrido abusos sexuales "tan graves" como los que él relata durante un tiempo continuado como sería el caso "quedan marcados" y como rasgo característico suelen "evitar personas y situaciones" que les puedan recordar a estos episodios.

Contrapuso este patrón con el "contacto" que el denunciante ha mantenido con el padre Román y su entorno tras los supuestos abusos y con el hecho de que posteriormente se vinculara a otras organizaciones religiosas, entre ellas el Opus Dei, donde se da una gran presencia de sacerdotes, poniendo en duda con ella la "fobia" que en ha alegado padecer el joven.

La vista oral del denominado caso Romanones celebra hoy su última sesión en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Será turno para las pruebas documentales y para que las partes expongan sus conclusiones definitivas. También será el momento en el que el fiscal encargado de la causa, Francisco Hernández, exponga si mantiene la petición de nueve años de cárcel, la modifica o incluso retira los cargos contra el procesado, el padre Román, para el que inicialmente se solicitó nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado con acceso carnal.

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