Los peritos confirman al juez la ilegalidad de convenios en Alhendín

  • Los técnicos que elaboraron el informe afirman que el pueblo perdió dinero con los acuerdos

Los dos peritos de la Junta de Andalucía que elaboraron un informe sobre distintas operaciones urbanísticas que están siendo investigadas en el marco de la operación Marchelo mantuvieron ayer sus conclusiones ante el juez de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe dejando en mal lugar a los imputados.

Los técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas concluyeron en su informe que el entonces gobierno municipal del PP de Alhendín firmó convenios con distintos empresarios que contenían múltiples "infracciones" que los hacían "anulables". Casi todos ellos eran perjudiciales para los intereses generales del municipio.

En el caso del convenio del polígono industrial de Marchalhendín, los técnicos de la Junta de Andalucía, requeridos por el propio juez, determinaron que el municipio perdió 6 millones de euros en la operación de venta de los terrenos. El citado informe establecía que existía dicho desfase económico entre la compensación de la cesión de terrenos municipales a la promotora y la propia valoración realizada por el Ayuntamiento. El convenio firmado por el ex alcalde, José Guerrero, y el representante de la Mercantil Parque Empresarial Alhendín, Juan Leocadio Muñoz Tamara, ambos imputados en la operación Marchelo junto al ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández y otros empresarios, contenía cláusulas, según los técnicos que declararon ayer, que debían considerarse "nulas de pleno derecho".

Otro tanto parecido ocurrió con el convenio que el Ayuntamiento de Alhendín alcanzó con la promotora Frai para la construcción de 1.200 viviendas. El entonces gobierno municipal consintió que una consultora privada encargada por Frai tasara a la baja el suelo. En concreto, se valoró el terreno en 1,7 millones de euros pero el municipio se conformó con 1,2, esto es, un desfase de 500.000 euros.

Otras operaciones que figuran en el informe y que contravinieron la legalidad urbanística fueron el desvío y del barranco de Las Calera para la edificación de viviendas y la licencia de apertura de la gasolinera.

El pasado mes de febrero el actual gobierno socialista informó del acuerdo con los promotores del polígono industrial que, al menos, ha permitido al municipio recuperar 21 millones de euros. También Frai ha corregido alguna de las irregularidades en la altura de sus edificios.

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