"¿También te van a poner un pisico?"

  • Tras casi un año de escuchas al concejal de Urbanismo, había indicios de dádivas y trato de favor a importantes empresarios

El empresario Juan Muñoz, en compañía de sus abogados, tuvo que acudir a declarar al Juzgado de Santa Fe en 2007. El empresario Juan Muñoz, en compañía de sus abogados, tuvo que acudir a declarar al Juzgado de Santa Fe en 2007.

El empresario Juan Muñoz, en compañía de sus abogados, tuvo que acudir a declarar al Juzgado de Santa Fe en 2007. / archivo

Entre las horas y horas de charlas telefónicas que la Policía intervino al concejal de Urbanismo de Alhendín Manuel Fernández Moreno durante casi un año, hay decenas de conversaciones que el juez instructor ya proponía en 2009 para reproducir en un posible juicio. Serían pruebas de que los principales dirigentes políticos del municipio habrían beneficiado a importantes empresarios nacionales y locales y de que éstos les habrían correspondido con "dádivas" económicas o de patrimonio inmobiliario. Al finalizar los pinchazos, el político fue detenido.

Constan en la causa grabaciones de conversaciones entre el exedil del PP y empresarios como Fernando Rodríguez Acosta. En relación al posible regalo de una vivienda valorada en 340.000 euros, el juez aseguró en su auto que había "indicios suficientes" de ello y destacó una conversación "especialmente incriminatoria" en la que ambos hablan de quedar para tomar unas copas. Respecto de unas amigas del Ayuntamiento del concejal, con las que éste tenía previsto quedar a comer, el político le decía al empresario de forma jocosa: "Y es que están más buenas que tú...", a lo que Rodríguez-Acosta responde: "¿Y también te van a poner un pisico, no?". La conversación continúa con una reclamación al respecto del edil, pues le dice: "Yo no me meto en un sitio hasta que no es mío, ¿sabes?". El promotor responde: "Qué perro eres, sí es tuyo, quita..."

El juez del caso Marchelo ya proponía en un auto de 2009 continuar la causa hacia la celebración de un juicio, por "el cúmulo de ilegalidades descritas, su carácter flagrante, palmario, incontrovertible y grosero" que se habían podido acreditar en la instrucción hasta ese momento.

En concreto, el instructor describía posibles hechos delictivos en cuatro grandes operaciones urbanísticas: la promoción de viviendas de Novosur (de la sociedad Frai), el fallido parque empresarial Marchalhendín, la adjudicación de obras de un parque público y la tramitación de una gasolinera en terrenos que eran del exalcalde.

En la causa están investigados, además del exconcejal de Urbanismo, Manuel Fernández Moreno; el que era alcalde del PP en aquellos años, José Guerrero Romero; los otros miembros de la junta de gobierno local, el arquitecto técnico del municipio y una decena de empresarios vinculados al negocio de la promoción y la construcción.

A diferencia de otros casos de supuesta corrupción, los nombres políticos no son los más destacados y quedaron más a la sombra del empresariado. Apellidos como Rodríguez-Acosta, Muñoz Tamara o Alonso Polo están presentes en este sumario.

Los hermanos Juan y Fernando Muñoz Tamara, empresarios sevillanos de la empresa Tarje, tuvieron que acudir a declarar como investigados al Juzgado de Santa Fe. Hay escuchas grabadas donde, en relación a algunos "detallitos" para el concejal de Urbanismo, le dicen: "Si nos dan cariño, damos mucho más cariño".

Están relacionados con la supuesta adjudicación irregular de las obras de un parque por dos millones de euros y por la tramitación del polígono de Marchalhendín, con más de 3,2 millones de metros cuadrados recalificados. En este asunto el juez detecta los principales perjuicios económicos para las arcas públicas, pues el convenio firmado podría haber ahorrado más de 15 millones de euros a los empresarios.

El otro gran asunto, el de las alrededor de 1.500 viviendas de Novosur, que afectaba al promotor Fernando Rodríguez-Acosta, se basa en la posible ilegalidad de esas construcciones, por permitirles alturas superiores y por la ejecución de obras de desvío de un barranco sin permiso. La investigación revela, a tenor de las escuchas intervenidas, supuestas irregularidades en la tramitación de las viviendas que construyó la promotora Frai y la posibilidad de que la empresa compensara al exedil de Urbanismo con pisos, según el auto del juez.

Un informe de la Fiscalía también recogía que ambas partes se ampararon en un convenio "fraudulento", firmado por el edil pero que no se aprobó en el pleno. Vendieron los aprovechamientos urbanísticos municipales al promotor por 1,2 millones de euros cuando el propio Ayuntamiento los valoró en 1,7 y una tasadora independiente en 3,3 millones. Además, se pasó de 4 a 6 plantas de altura en los edificios.

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