Las plataformas sitúan a Juana Rivas como víctima de "violencia institucional"

  • Creen que no se protege a las víctimas

  • El PCE también la respalda en la lucha por sus hijos menores

Manifestación de apoyo a Juana Rivas celebrada el pasado verano. Manifestación de apoyo a Juana Rivas celebrada el pasado verano.

Manifestación de apoyo a Juana Rivas celebrada el pasado verano. / efe

El escrito de acusación provisional de la Fiscalía que pide cinco años de cárcel para Juana Rivas ha dado la vuelta a España. Numerosas personas han mostrado su rechazo a través de las redes sociales a una decisión que ayer fue calificada de "inconstitucional" por parte de la Plataforma contra la Violencia de Género 25 de Noviembre de Granada. Este colectivo lanzó un duro comunicado para poner de manifiesto su indignación.

La plataforma, que durante el proceso judicial de esta madre de Maracena le ha mostrado su apoyo de manera reiterada, consideró que esto supone un paso más y "muy grave" en una situación que calificaron de "violencia institucional". "No sólo no se les protege como víctimas de violencia de género, sino que se les persigue hasta el extremo, ignorando su situación y sus derechos más elementales", explicó.

Además, consideraron que esta madre, que se enfrenta también a una petición de inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, es junto a sus hijos un ejemplo de la "inconsistencia de un sistema que promete proteger a las víctimas" pero las "criminaliza". "No estamos dispuestas a aceptar esta situación terriblemente injusta y anunciamos que vamos a luchar, junto a Juana, para que de una vez por todas se cumplan los derechos de las víctimas de violencia de género que, con resoluciones como las de la fiscalía, se ven nuevamente pisoteados", resumió la plataforma.

La defensa de Rivas consideró el escrito provisional de la Fiscalía "muy duro para una situación tan injusta como la que ha vivido", en alusión a la "violencia" de la que Juana dice haber sido víctima con su expareja.

En el mismo día el Partido Comunista de Andalucía (PCA) mostró su "indignación" ante la solicitud de pena de prisión de cinco años y seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad, algo que "supone agudizar una situación de violencia de género con violencia institucional". Así lo manifestó, en un comunicado, la responsable del área feminista del PCA, Elena Cortés, quien además de expresar el "apoyo" y la "solidaridad" del partido con Juana Rivas, afirmó que esta solicitud de pena por parte del Ministerio Fiscal "supone agudizar una situación de violencia de género con violencia institucional" que viene sufriendo Juana Rivas, porque "no se le está protegiendo como víctima de violencia de género, ni a sus hijos de un padre que ha sido condenado por violencia de género, sino que se les persigue hasta el extremo, ignorando su situación y sus derechos más elementales".

Para Cortés, Juana Rivas y sus hijos "son el ejemplo palpable de la inconsistencia de un sistema que firma Pactos de Estado en los que se dice proteger a las víctimas de la violencia machista, pero que, una vez que éstas víctimas denuncian, las instituciones las cuestiona, incluso las criminaliza".

Por ello, Cortés recordó que en la legislación vigente, el recién presentado Pacto de Estado, el actual anteproyecto de Ley contra la Violencia de Género, así como los acuerdos internacionales, coinciden en considerar que un maltratador "nunca es un buen padre", y, por tanto, "una justicia que se reclame digna, deberá tenerlo en cuenta".

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