El 15% de los presos de Albolote tiene un contrato de trabajo en la cárcel

  • En torno a 250 presos de un total de 1.700 están dados de alta en la Seguridad Social al participar en los talleres productivos y formativos que imparte el centro en colaboración con cuatro empresas

En los talleres de los centros penitenciarios españoles trabajan hoy más de 500 empresas que han encontrado en esta oferta productiva una forma de reducir costes y aumentar su competitividad en los mercados. La prisión de Albolote, con más de 1.700 internos, cuenta con la colaboración de cuatro empresas que mantienen con el centro una relación laboral estable, a pesar de que la crisis económica también hace estragos en este sector.

Según explica Andrés Puga, coordinador territorial de Trabajos Penitenciarios desde hace 12 años en Andalucía, en el centro de Albolote hay "en torno a 240 internos dados de alta en la Seguridad Social" -un quince por ciento de la población total reclusa-, que desarrollan su trabajo diariamente en las especialidades de forja de metal, pintura epoxi, panadería y economatos, entre otros.

Aunque una de las empresas ha suspendido provisionalmente la actividad "hasta que saque la mercancía que tiene almacenada en estos momentos", ya ha confirmado que seguirá trabajando con el centro en breve. Otra de las empresas, además, suspendió su colaboración durante Navidad, si bien está previsto que reinicie su actividad en breve.

Puga precisa que, además de los talleres productivos, en el centro se imparten también talleres ocupacionales, que tienen una "pura finalidad terapeútica", y cursos formativos de Formación Profesional (FP), gestionados por el propio organismo autónomo.

Los productivos, con una demostrada eficacia desde 1979 en lo que a la reinserción de los internos se refiere, son especialidades productivas que se desarrollan de dos formas. En primer lugar, hay algunos que se realizan a través de la explotación directa: cuando el propio organismo autónomo asume todo el coste y la producción. "En estos casos nosotros compramos la materia prima, tenemos a un encargado de taller, los internos están dados de alta en la Seguridad Social y facturamos. Por ejemplo, imagina que la propia dirección de Instituciones Penitenciarias -con vista a nuevos centros- o bien empresas particulares nos encargan fabricar sillas y nosotros lo hacemos", explica.

Pero estos talleres no son numerosos en Albolote, ya que apenas hay algunos de madera y de metal... Los que tienen más presencia, según afirma, son los talleres de explotación en colaboración con la empresa privada: "En ellos ponemos a disposición de la empresa una serie de recursos, como el local o las instalaciones, sin ningún tipo de coste, y la empresa es la que viene con un encargado de taller. Nosotros normalmente le dejamos las máquinas -si ella tiene otras también las aporta- y le exigimos que cumpla toda la normativa de prevención de riesgos laborales".

Así, el trabajo se realiza en los talleres del centro, que son puestos a disposición de la empresa sin ningún coste para la misma. Los trabajadores necesarios son contratados por el organismo autónomo, que asume así la relación laboral con ellos, el pago de salarios, Seguridad Social, contrataciones y despidos. De esta forma, las empresas fabrican sus productos mientras que la institución les factura mensualmente la mano de obra atendiendo a un precio/hora o precio/pieza pactados, que en todo caso responderá a criterios de gran competitividad.

Pero la empresa, tal y como recuerda el responsable, es la que dirige, organiza y coordina la producción. La que produce por su cuenta y riesgo. Es, en sus palabras, "como si estuviera trabajando en la calle, solo que el local lo ponemos nosotros. Y el personal".

Parte del dinero que se factura se destina a pagar el salario a los presos, así como la Seguridad Social. Pero el centro se reserva "un pequeño tanto por ciento" para el organismo en vistas, por ejemplo, a la puesta en marcha de nuevas instalaciones, pagar planes de prevención de riesgos laborales e impartir cursos de FP, en los que también colaboran el INEM y el Fondo Social Europeo.

"Los cursos del INEM los hacen ellos. Pero, por ejemplo, si en un momento dado solicitamos al Servicio Público de Empleo un curso de carpintería de madera que no considera primordial y que para nosotros sí lo es -porque me aseguro un puesto de trabajo en los equipos de mantenimiento en la prisión- pues lo pagamos nosotros con ese dinero", explica Andrés Puga.

Aunque asegura que no puede ofrecer cantidades exactas, sí especifica que el interno cobra "menos que lo que saca un trabajador en la calle". En primer lugar, esto es así porque "se trabaja menos horas" y, además, porque el centro atiende a una serie de gastos que el preso no costea. Según el responsable, Instituciones Penitenciarias toma como referencia el salario mínimo interprofesional y el IPC. "No quiero decir que se pague eso, sino que se toma como referencia. En cualquier caso, hay un consejo de administración que de forma anual fija los módulos retributivos para cada una de las actividades", indica Puga.

En cuanto al perfil de los internos que participan en los talleres, el propio centro se encarga de seleccionarlos en función de sus necesidades económicas, por las cargas familiares que tengan, el conocimiento de la especialidad, su adaptación a ese tipo de trabajo y, por supuesto, las ganas de trabajar, ya que la participación en los talleres es voluntaria.

Para los presos interesados es primordial aprovechar la estancia en prisión tomando hábitos laborales y ayudando económicamente a su familia en el exterior. Y es que, en definitiva, todo esto tiene un objetivo global que Puga resume en una sola frase: "Se pretende preparar al interno para que cuando salga de la prisión, esté en mejores condiciones de desarrollar su vida laboral en la calle".

Bajo su punto de vista, "el trabajo y la formación son formas inteligentes de buscar la reinserción social", ya que una persona se reinserta socialmente cuando es capaz de entrar en el sistema. Y entra, claro está, en la medida en la que puede obtener unos ingresos con los que atender sus gastos sin necesidad de entrar en conflicto con la ley.

Al pasar al nivel productivo, el interno coge hábitos que no tenía o bien, si este no es el caso, los mantiene. Además, al aportar una ayuda a su familia, "sigue formando parte de esa unidad familiar y no se rompe el lazo con el fin de que cuando salga no se encuentren con que incluso esa familia que tenía se le han despegado". O sea, que el interno sigue cumpliendo su estatus de madre o padre dentro de la prisión. De esta forma, "todas las partes salen beneficiadas, sin coste o sacrificio de ninguna de ellas".

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