Los procesos concursales de 2008 igualan a todos los registrados en un trienio

  • Granada acumula en lo que va de año 13 procesos concursales, frente a los 14 presentados durante 2007, 2006 y 2005

La inestabilidad económica por la que atraviesa la provincia ha generado que el número de procesos concursales registrados en Granada alcancen las mayores cifras de los últimos años.

Durante los nueve primeros meses de 2008, el juzgado mercantil de Granada admitió 13 concursos de acreedores, sólo un caso menos de los contabilizados de forma conjunta en los tres años anteriores, cuando se presentaron 14 procesos, según las cifras del INE.

Así, los procesos concursales han crecido en los tres primeros trimestres del año un 160% respecto al mismo periodo de 2007, cuando sólo se produjeron 5 casos de la antigua suspensión de pagos.

No obstante, Granada es la provincia con menor crecimiento de los concursos de acreedores, después de Almería (con un 83,3%), muy lejos del disparo de procedimientos judiciales sufrido en Málaga (con un 681%) y Sevilla (con un 590%). Además, el peso judicial de Granada, con poco más de una decena de procesos en nueve meses -que representan el 4,9% de los concursos admitidos en todo el territorio andaluz-, dista mucho del volumen de los juzgados malagueños o sevillanos, donde se han presentado 86 y 69 casos, respectivamente.

Igual ocurre en las cifras recogidas por el INE para el tercer trimestre de 2008, cuando se han tramitado en Granada cinco concursos, frente a los 42 registrados en los juzgados mercantiles de Málaga y 35 en Sevilla.

Por otro lado, la mayoría de los procesos concursales de 2008 (9 de los 13) han sido voluntarios, mientras que los 4 restantes son calificados como necesarios. Por lo que respecta al tipo de tramitación, 8 de los casos serán juzgados por el procedimiento ordinario, frente a los 5 que se han acogido al proceso abreviado, según establece el INE.

Asimismo, la estadística pone de relieve que ninguno de los concursos de acreedores registrados desde la entrada en vigor de la nueva ley -en 2004- han facilitado a los órganos jurisdiccionales una propuesta anticipada de pago de las deudas. De hecho, en España, sólo una treintena de casos de los más de 4.000 procesos presentados en los últimos cuatro años contaban con este documento.

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