Obtener una sentencia en un proceso iniciado sobre un siniestro laboral requiere una media de 46 meses, plazo que se alarga hasta los 51 meses en los casos en que la resolución es recurrida, según aseguró ayer el secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, durante la inauguración de unas jornadas sobre colaboración sindical y judicial en materia de siniestralidad laboral que se celebraron ayer en Granada, en las que también estuvieron presentes su homólogo de CCOO, Francisco Carbonero, y el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.

Por ello, los sindicatos exigen una mayor celeridad por parte de la justicia, aunque Pastrana y Carbonero reconocen el esfuerzo y trabajo de la Fiscalía en los últimos años y la importancia de la coordinación entre las organizaciones sindicales y el órgano judicial.

Asimismo, durante el acto -que tuvo lugar en el Parque de las Ciencias-, los líderes sindicales pusieron de relieve cómo los trabajadores son más vulnerables en situaciones de crisis. "Su capacidad de exigir que se cumpla la ley es cada vez menor por el miedo al despido", alegó Carbonero, quien argumentó esta idea en el hecho de que "a pesar de la caída del empleo en la construcción, durante 2008 se produjeron más accidentes laborales en este sector que en el año anterior". "Esto ocurre porque a medida que el empleo se hace más escaso, las condiciones de trabajo y la actividad se tensionan y la prevención pasa a un segundo plano", añadió Pastrana.

Ahora bien, tanto UGT como CCOO tienen claro que son los empresarios los que ostentan la responsabilidad de que la normativa se cumpla.

Por ello, los representantes de UGT y CCOO -que estuvieron acompañados por los secretarios provinciales, Mariano Campos y Ricardo Flores-, instaron a las administraciones públicas a que aumenten los medios, tanto humanos como técnicos, para mejorar la actuación en prevención de riesgos laborales. "No vale lamentarse cuando hay un accidente, sino dar el presupuesto suficiente para conseguir los medios que lo eviten", denunció Carbonero.

En este sentido, García Calderón comentó que la Fiscalía actúa tanto en las causas penales como administrativas en el transcurso de un siniestro laboral, aunque admitió que si poseyeran más medios podrían intervenir en mayor medida en materia preventiva, concretamente, en aquellos casos de incumplimiento sistemático de la normativa.

Junto a esto, el fiscal superior de Andalucía solicitó un esfuerzo a todos los agentes sociales implicados en la seguridad laboral para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, principalmente en la situación actual, pues "la crisis puede perjudicar mucho a los ciudadanos, y es ahora cuando hay que luchar por ellos".

Asimismo, García Calderón apostó por la especialización de la Fiscalía para "analizar con eficacia las negligencias que se comenten en el trabajo", al mismo tiempo que concede al Ministerio Público mayor imparcialidad e independencia.