La Audiencia Provincial juzga hoy a una procuradora de la empresa General de Galerías Comerciales por quedarse con importes por valor de 390.000 euros durante sus labores como tal, que tenía la obligación de entregar a la mercantil por mandamiento del Juzgado de Primera Instancia 9 de Granada.
Según el Ministerio Público, la acusada, como procuradora de los tribunales y en representación de la compañía del empresario Tomás Olivo, recibió en varias ocasiones y "con obligación de entregarlo a dicha mercantil", varios importes económicos. Sin embargo, con la "intención de obtener un ilícito enriquecimiento, hizo suya las cantidades, en perjuicio de su cliente". Por ello, el fiscal solicita cinco años de prisión y cerca de 4.000 euros de multa, así como dos años de inhabilitación para la acusada.
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