Los cinco sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Educación han reiterado hoy su disposición a negociar el adelanto del inicio del curso siempre que se acompañe de medidas que realmente sirvan para mejorar la calidad de la enseñanza y han demandado una campaña de dignificación y apoyo al profesorado.

En rueda de prensa, representantes provinciales de la ANPE, la CSI-CSIF, el SADI, CCOO y la UGT de Granada han considerado "demagógico y poco riguroso" el borrador que fija el adelanto del curso al 7 de septiembre en Educación Infantil, Primaria y Especial y al 15 en Bachillerato, Formación Profesional y Régimen Especial.

Entienden que la mejora de la enseñanza no se conseguirá con un adelanto del curso sino con la introducción de medidas como la disminución de la ratio y de la carga burocrática que asume el profesorado, el aumento de los refuerzos, la agilidad en las sustituciones y cobertura de las vacantes sobrevenidas y la mejora de las infraestructuras de los centros escolares.

Los sindicatos, que consideran la iniciativa de la Consejería de Educación una "cortina de humo" para tapar los problemas del sistema educativo, se han mostrado dispuestos a negociar el adelanto del curso siempre que se acompañe de esas medidas.

Las organizaciones sindicales mantienen las movilizaciones convocadas en Andalucía, consistentes en un paro a primera hora en los centros educativos el próximo 24 de febrero y en una concentración en las delegaciones de Educación el 3 de marzo.

A ellas están llamados en Granada los 10.700 profesores de los 406 centros públicos de la provincia y los 2.200 docentes de los 70 centros de enseñanza concertada.

Juan Carlos García, representante de la UGT, ha considerado que el adelanto del curso no es "ni la única ni la mejor medida", aunque sí "la más barata", y que pretender con ello propiciar la conciliación de la vida familiar y laboral es "una chapuza" porque supone equiparar los centros educativos a "aparcamientos de niños".

Por su parte, el representante de la ANPE, José García, ha demandado una campaña de "dignificación y apoyo" al profesorado con medidas como que cualquier vejación o agresión a los docentes se considere atentado a la autoridad y que sea la Fiscalía la que actúe de oficio.