Granada se despidió de las grandes cifras de inversión en obra pública en el momento en el que se terminó la A-7 y se culminó el proceso de licitación del AVE y el Metro. Acabadas, o casi, estas tres grandes infraestructuras, las empresas del sector se enfrentan a una 'sequía' que pone en jaque su supervivencia y amenaza 2.500 empleos. La falta de nuevos proyectos, la parálisis política que marcó buena parte de 2016 y la frágil situación de las arcas públicas municipales han reducido la inversión de las administraciones a niveles que ponen muy difícil el mantenimiento de la actividad y el empleo. Así lo aseguraron ayer desde la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada, cuyo informe de licitación demuestra que las administraciones han dejado de ser generosas con la provincia.

A lo largo de 2016 se han licitado -que no adjudicado- obras por valor de 71,97 millones de euros, un 45,4% menos que en el año anterior, cuando esta cifra ascendió a 132,8 millones de euros. El recorte, de 59,9 millones de euros, deja a la provincia con un nivel de inversión mínimos, que apenas llega a 78,6 euros por habitante. En 2015 esta cantidad ascendía a 144,04 euros, mientras que en 2014, un año "excepcional", la inversión por habitante fue de 565,34 euros. "La situación de las empresas contratantes es preocupante ante la falta de proyectos", aseguró ayer el presidente de los constructores granadinos, Juan de Dios Molinero, que subrayó que las administraciones van camino de "convertirse en una máquina solo generadora de gasto corriente y con nula capacidad inversora".

El panorama de obra 'cero' deja "fuera de juego" a las compañías dedicadas a obra civil

Las cifras de inversión en obra pública y el desplome que han sufrido en el último año tienen un claro 'culpable': el Estado. El nivel de licitación del Gobierno central ha pasado de 75,6 millones de euros en 2015 a solo 8,1, casi diez veces menos. La "dramática" caída del 89,4% se debe, según los constructores, a la conclusión de la A-7 y de las licitaciones del AVE. La falta de nuevos proyectos ha reducido la inversión del Ejecutivo a apenas 8,9 euros por habitante, la más baja de todas las administraciones.

De hecho, tanto las entidades locales como la administración autonómica han elevado la inversión en el último año, aunque en este caso se debe más al varapalo que sufrió la licitación en el año 2015 respecto a 2014. La Junta de Andalucía ha elevado un 22,4% el volumen de licitación, que se situó en 24,9 millones de euros. La ACP apuntó ayer que se trata de una cifra "manifiestamente mejorable", ya que apenas representa una inversión de 27,17 euros por habitante en una provincia que acusa un "déficit de infraestructuras histórico". A juicio de Molinero, la Junta "debe pasar a los hechos y comenzar a ejecutar infraestructuras, que van desde las depuradoras a la ejecución de Viales de Accesibilidad Urbana (VAU)". Los constructores aseguran que una inversión de apenas 38,9 millones de euros no puede justificarse, más aún teniendo en cuenta que solo en depuración de agua hay proyectos por ejecutar por valor de 180 millones.

El presidente de la ACP, de hecho, criticó los "programas-anuncio" de la Junta de Andalucía, que han "dejado de ser creíbles". ¿El motivo? Que no se corresponden con un nivel de licitación suficiente, y que además se caracterizan por un "bajo nivel de ejecución de las dotaciones presupuestarias", lo que llevó a Molinero a criticar "la falta de eficiencia en la gestión de los recursos públicos".

Las administraciones locales, por su parte, han elevado la inversión un 11,4%, licitando proyectos por valor de 38,9 millones de euros. Esta cifra supone un desembolso en obra pública de 42,55 euros por habitante, que convierten a los ayuntamiento y a la Diputación en las administraciones que más revierten en Granada y los ciudadanos. Pero, con todo, la cifra es insuficiente. Más aún cuando son las entidades locales las que en su mayoría dan trabajo a las pymes de la provincia. "La caótica situación financiera de buena parte de los ayuntamientos deja prácticamente sin obras a la provincia, lo que se traduce en el debilitamiento del sector y del empleo". El secretario general de la ACP, Francisco Martínez Cañavate, apuntó que en los ayuntamientos "la inversión tiende a cero", e instó a abordar este asunto, que se reproduce a todo el territorio nacional, para encontrar una solución "más pronto que tarde".

Sin obras en los ayuntamientos ni en la Junta de Andalucía -que son las administraciones que contratan habitualmente con empresas regionales y provinciales, ya que el Gobierno central suele recurrir a firmas nacionales- , el panorama para el sector no es nada halagüeño. Algo que confirma el hecho de que en los dos meses y medio de 2017 no se haya licitado ninguna obra de importancia.

Martínez Cañavate indicó que en este contexto las empresas del sector "tienen una baja cartera de obras que pone muy difícil su supervivencia". La caída de la inversión ha dejado "fuera de juego" a muchas compañías y a sus ya escasas plantillas, lo que tiene efectos en todo el tejido económico granadino, habida cuenta de que un 80% del empleo de la construcción está relacionado con empresas de obra civil. De hecho, los cálculos de la ACP apuntan que los bajos niveles de inversión pueden poner en peligro a 2.500 de los 15.100 empleados del sector.

Ante esta situación, los constructores granadinos exigieron ayer elevar la inversión, pero también cambiar la tendencia para que la administración adjudique "a precios coherentes", eliminando las bajas temerarias que dificultan la ejecución de la obra y su puesta en marcha. De media y en los mejores casos, las cantidades licitadas se reducen un 30% a la hora de la adjudicación.

También pidieron más transparencia en los presupuesto, ya que el hecho de que no estén provincializadas hace mucho más difícil controlar que las cantidades realmente ejecutadas no sean inferiores a las presupuestadas. Por último, reivindicaron que las administraciones dejen de contratar con empresas públicas sustentadas con los impuestos del ciudadano, ya que generan "un agravio a la empresa local".