El 67% de los pueblos de Granada ha sido expedientado por no depurar sus aguas

  • La Delegación de Medio Ambiente asegura que el nuevo canon de infraestructuras que grava el recibo del agua permitirá mejorar la calidad hídrica de la provincia y homogeneizará el precio del escaso recurso

El Área Metropolitana de Granada necesita inversiones hidráulicas por valor de 200 millones de euros. La estimación, de la Delegación de Medio Ambiente no deja lugar a dudas: hay importantes carencias en la calidad del agua de estos municipios, que precisan con urgencia nuevas depuradoras, conducciones y emisarios.

Los análisis de agua y las sanciones impuestas a 113 municipios de la provincia (el 67% de los pueblos de Granada) por una deficiente calidad en la depuración de sus recursos hídricos dejan patente la necesidad de acometer estos trabajos.

Esta realidad -y la presión de una directiva europea que da de plazo hasta 2015 para solucionar el problema- motivaron la aprobación de la controvertida Ley del Agua, hoy en boca de todos los ciudadanos en cuanto que su aplicación se traducirá en una subida del recibo del agua para sufragar estas obras. Una subida que se hará de forma progresiva durante los próximos 5 años (a contar desde enero de 2011) y que pretende, además de recaudar unos cuantos millones para pagar estas obras, que se homogeinice el recibo del agua en todos los municipios ya que actualmente hay pueblos que no pagan el citado recibo.

Ahora bien, ¿por qué debe recaer esta tasa en los ciudadanos fuertemente castigados por la penosa situación económica?. Según el delegado de Medio Ambiente, Francisco Javier Aragón, la financiación del Ciclo Integral del Agua debía recaer en un 60% en la Junta y en un 40% en los ayuntamientos; esto obligaría a algunos consistorios pequeños a desembolsar unos 7 millones de euros, algo absolutamente inviable, así que como las mejoras repercutirán en los vecinos, son ellos los que asumirán el desembolso, cuya cuantía exacta todavía no se ha fijado a expensas de que se apruebe el reglamento del desarrollo normativo.

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