La jueza que instruye el caso Nazarí, de supuesta corrupción urbanística en la ciudad, ha rechazado la devolución del dinero que fue intervenido por la Policía en la caja fuerte ubicada en el dormitorio de uno de los empresarios investigados en esta causa judicial.

La esposa del promotor José Julián Romero remitió un escrito al Juzgado de Instrucción 2 de la capital para reclamar la devolución de los 52.470 euros que fueron requisados en su domicilio por los agentes policiales el día de la Operación Nazarí, el 13 de abril de 2016. Desde entonces, ese dinero permanece ingresado en la cuenta del juzgado, junto al resto de los fondos en metálico hallados durante aquellos registros coordinados en distintos domicilios y despachos de la ciudad.

Los argumentos aportados por el abogado de la esposa del promotor son que el dinero intervenido es de ella en exclusiva y para justificarlo alude a una serie de datos. Uno de ellos es que la casa donde se hizo el registro, que es el domicilio habitual del promotor, pertenece en propiedad a su esposa.

El dinero fue hallado en una caja fuerte del dormitorio de ambos, pero durante el registro ya se hizo constar en el acta -a petición del propio empresario- que fue ella quien localizó la caja empotrada y facilitó la llave y la contraseña para su apertura.

Para justificar la procedencia de esos fondos, la petición ha ido acompañada de unos extractos bancarios de varias cuentas de la esposa del empresario, en los que se pueden ver algunos reintegros realizados desde 2008 a 2012. En total, sumarían 109.000 euros.

En su escrito remitido al Juzgado, el abogado asegura que el motivo de que esta mujer hiciera esos reintegros en efectivo de sus cuentas, durante los "años más duros de la crisis financiera", fue el "temor a la incertidumbre bancaria"

El pasado 20 de octubre, la jueza María Ángeles Jiménez firmó una providencia en la que, entre otras cosas, denegaba esa petición de devolución. Los motivos expresados son que "no ha quedado acreditada la titularidad del dinero ni que José Julián Romero desconociera la existencia del mismo". Dicho esto, la magistrada ordena que los fondos incautados queden "bajo la custodia de este Juzgado". La misma providencia judicial rechazaba la personación en la causa de A.M.L., esposa del empresario investigado, "al no ser ésta parte procesal".

El letrado que la representa acaba de enviar un escrito al Juzgado en el que recurre esa decisión judicial y argumenta que la Ley contempla la posibilidad de "la intervención voluntaria de terceros en el proceso" cuando las decisiones que se toman en él puedan afectarle.

Esta parte considera que la retención judicial del dinero encontrado en la caja fuerte de su dormitorio justifica que sea informada de las decisiones que se toman en esa causa y que pueda recurrir las decisiones que se toman en cualquier momento.

En ese recurso, además de incidir en la personación de A.M.L., el letrado vuelve a insistir sobre la procedencia de devolver el dinero a su representada. Y se ratifica en que son fondos de ella, que no pertenecen al promotor investigado.

Durante los registro de la Operación Nazarí la Policía se llevó todo el dinero en metálico encontrado en los domicilios y en las cajas de seguridad bancarias de los investigados. También ordenó la jueza que los Registros de la Propiedad incluyeran cláusulas en las propiedades de los imputados para que este patrimonio no pudiera ser vendido durante hasta que el Juzgado lo autorizase expresamente.

En el caso de este empresario, los informes policiales remitidos a la jueza señalaban que no constan propiedades a su nombre y que la casa familiar aparece a nombre de su esposa. Julián Romero sí aparece como administrador de una larga lista de empresas sobre cuyo patrimonio no hay limitaciones del Juzgado.