Los 10.000 euros que ha costado a la ciudad la elaboración de un informe pericial encargado por el PP a favor de la construcción de la discoteca del Serrallo no servirán para nada, salvo que en el futuro los imputados en esa causa judicial puedan utilizarlo para su defensa en un hipotético juicio. Por el momento la jueza que instruye el caso Serrallo ha desestimado admitir ese documento al considerarlo "extemporáneo".

El pasado 3 de abril, el abogado del Ayuntamiento presentó en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital -que investiga la construcción de la discoteca del Serrallo en terrenos destinados a un parque infantil- dos informes elaborados a instancias de esta Administración sobre la legalidad de esa obra.

El informe, que ve legal la discoteca, podría servir en el futuro a la defensa de los imputados

Uno es el polémico informe de los 10.000 euros y otro es el documento de contradicción elaborado por un funcionario municipal, Jacobo de la Rosa, que además fue el que propició el origen de esta investigación con un informe interno de Urbanismo que denunciaba la supuesta ilegalidad de la construcción de esa discoteca.

En una providencia que acaba de firmar la jueza, María Ángeles Jiménez Muñoz considera que no ha lugar la incorporación de ambos informes y ordena su devolución al Ayuntamiento de Granada.

El informe principal -el segundo es una contestación- es el elaborado por el catedrático de la Universidad de Granada Estanislao Arana, quien considera legal la construcción de esa sala de fiestas en el área de espacios libres del Serrallo, porque se trataría de un uso complementario del parque infantil que era el objeto principal de la licitación obtenida por el promotor, Roberto García Arrabal.

Consta en la documentación del caso Nazarí que este catedrático habría elaborado informes a petición del mismo constructor para avalar la legalidad de otros proyectos que encontraron trabas de legalidad urbanística por parte de algunos funcionarios de Urbanismo, como la residencia de estudiantes proyectada en el Campus de la Salud, que también se investiga en esa causa.

El gobierno municipal del PP, con Juan García Montero como alcalde en funciones después de la dimisión de José Torres Hurtado por su detención, encargó a finales de abril del año pasado la redacción de este informe al especialista mencionado y comprometió para ello 10.000 euros, que meses más tarde fueron facturados a través de la Fundación Universidad-Empresa.

El documento está fechado en agosto de 2016, de modo que debió de llegar al Ayuntamiento cuando ya había un gobierno socialista, que además se encontró con la factura sobre la mesa.