De los recortes en servicios y despidos a la disolución de la corporación local

  • El Ministerio de Hacienda remite cartas a 660 alcaldes incluido el de Granada para exigir el cumplimiento de los planes de ajuste

  • De lo contrario amenaza con una intervención severa

En los últimos meses, el concejal de Economía no ha dejado de pedir ayuda al resto de grupos municipales. Su mayor temor era la amenaza de la intervención del Ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda ante el incumplimiento reiterado de los planes económicos que permitan sanear las arcas municipales. Sus palabras han chocado una y otra vez con el muro de la oposición, principalmente con los grupos de Ciudadanos y Partido Popular contrarios a aprobar medidas que, por ejemplo, supongan gravar a los ciudadanos con la subida del IBI o la eliminación de algunas bonificaciones. Una situación que ha llevado a un camino sin salida al equipo de Gobierno que tal y como ya preveía el edil, va a ser apercibido próximamente. Según informó ayer el diario El País, en torno a 660 alcaldes van a recibir una carta por incumplir los planes de ajuste. El de Granada es uno de ellos.

Las consecuencias son muy graves. Baldomero Oliver destacó ayer que la intervención de Hacienda en el Ayuntamiento puede conllevar la eliminación de todas las bonificaciones de los tributos que pagan los ciudadanos. Eso para empezar. Porque también puede implicar la subida de los tipos impositivos al máximo: reducción del capítulo uno lo que se traduce en despidos o del dos, relativo a gastos corrientes, con la reducción económica para la prestación de servicios. Pero además, según la información que publica El País, en la misiva que se ha enviado a los alcaldes de estos municipios que no cumplen también se baraja aplicarles las medidas más duras que permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria que incluye la disolución de la corporación local.

Estamos jugando con fuego y da igual lo que propongamos: porque la oposición lo tumbará"El incumplimiento del plan de ajuste también perjudica a las empresas por impagos

"Estamos jugando con fuego", afirmó con impotencia Oliver que ve como cada medida que propone es tumbada por los grupos de la oposición. "Da igual que pongamos gloria bendita que nos lo van a echar atrás", dijo Oliver quien tiene un triste recuerdo del pasado pleno extraordinario en que se votó la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles. Dado que el Ayuntamiento de Granada se había acogido a la revisión de los valores catastrales que implicará una subida del recibo del 4%. Ante esta situación prevista en el Plan de Ajuste, el PSOE propuso varias medidas entre ellas la reducción del tipo en un 1% para que finalmente el recibo solo aumentara en 2018 un 3% así como bajadas de hasta el 5% para más de 8.000 establecimientos entre otras. Sin embargo, su proyecto económico para compensar el rechazo a las ordenanzas fiscales que no salieron tampoco adelante en el pleno del 22 de diciembre le dejan en una situación de impotencia absoluta. "En cada paso que damos encontramos un obstáculo", dijo Oliver que incidió en que a él no le gusta subir impuestos. "Ya me gustaría decir que bajan un 20% o un 100% que es lo que subió el PP durante su mandato", añadió el concejal de Economía quien reiteró que "estamos jugando con fuego". Sobre los avisos de Hacienda a Granada detalló que no tiene constancia de que la citada carta haya llegado al Ayuntamiento. No obstante, resaltó que, dado el incumplimiento reiterado, "el tono del Gobierno va subiendo como es obvio". "Nosotros seguiremos planteando medidas aunque este es un juego suicida", dijo el edil quien extendió la responsabilidad de la situación crítica que vive el Ayuntamiento a los empresarios que se alzaron contra la modificación del IBI. A su juicio el bloqueo se está haciendo tanto "dentro y fuera del Ayuntamiento". "Hay agentes sociales y empresarios que se han incorporado a la política fiscal granadina junto a los grupos de la oposición", remarcó.

Pero el consistorio no es el único perjudicado. "El incumplimiento del plan de ajuste implica la imposibilidad de reducir el remanente negativo de tesorería y por tanto mayores dificultades para pagar a los proveedores y empresarios. Al final toda la ciudad directa o indirectamente pierde.

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