Fernando, María José y sus tres hijos dormirán esta noche en casa después de que un juzgado paralizara ayer por segunda vez y de forma indefinida el desahucio a la familia, que dejó de pagar el préstamo con Caja Rural para reformar su casa de Las Gabias en la que tienen además un negocio. La Guardia Civil acordonó el entorno de la vivienda, situada en el número 18 de la calle Vista Hermosa, sobre las seis de la mañana, el escenario con el que se toparon los más de 200 activistas que acudieron para apoyar a la familia y que tuvieron que permanecer tras el cordón después de que se cortara el acceso a la casa a los ocho de la mañana. Dentro de la vivienda había en torno a un centenar de amigos de los afectados, a los que se sumaron representantes de los grupos políticos, entre ellos la alcaldesa de Las Gabias, Vanessa Polo (PSOE), el parlamentario andaluz de Podemos Jesús de Manuel y la edil de Vamos Granada Marta Gutiérrez, que pudieron pasar el cordón como representantes públicos para apoyar a la familia. Con toda la tensión acumulada de los últimos días, en los que el matrimonio ha estado acampado frente a la Plaza del Carmen para pedir una salida negociada a la entidad financiera, los representantes judiciales comunicaron a la familia el aplazamiento del desahucio sobre las once, después de que María José tuviera que ser atendida por el 061 tras sufrir una lipotimia.

Según Antonio Marruecos, portavoz de Stop Desahucios Granada, la presión ejercida estos días en los medios de comunicación y el despliegue de manifestantes ha sido una de las causas del respiro dado a la familia, además del recurso para la supresión del desahucio presentado el día anterior por cláusulas abusivas, en este caso la de vencimiento anticipado, que permite a los bancos reclamar la totalidad de la deuda por el impago de un mes. "Los jueces españoles están a la expectativa hasta que la Unión Europea marque las directrices sobre las ejecuciones hipotecarias en estos casos", detalla Marruecos.

Stop Desahucios afirma que la familia abonó el 80% del préstamo de 600.000 euros

En este caso, según detalla el portavoz de Stop Desahucios, la familia, junto a otros dos socios, había solicitado un crédito de 600.000 euros "del que ya se había pagado el 80%", a lo que suma que la viuda de uno de los socios "entregó una vivienda de su propiedad" para exonerarse de la deuda, la misma determinación que tomó al poco el segundo socio, según asegura el portavoz de Stop Desahucios. La crisis inmobiliaria provocó la caída del negocio y que Fernando y María José dejaran de pagar las cuotas, "pero Caja Rural ya ha hecho un negocio redondo con esta familia", apostilla.

Stop Desahucios reclama que Caja Rural se siente a negociar con la familia, que hizo una oferta de recompra de la vivienda, que está a la venta por 250.000 euros -la misma deuda que le ha quedado a esta familia después de la ejecución hipotecaria- por la misma cantidad que la entidad bancaria la había adquirido en la subasta, 115.000 euros.