Cuando ya han pasado casi dos años desde último proceso electoral -las municipales de 2007-, y la vida política de ciudades y pueblos transita por los cauces normales, Almuñécar vive estos días inmersa en la antesala de un referéndum tan peculiar como inédito. Las calles lucen grandes vallas y carteles publicitarios animando a la ciudadanía a participar en una consulta popular donde, por primera vez, los ciudadanos dirán sí o no a un planeamiento urbanístico.

La convocatoria es peculiar porque, según lo acordado por la justicia, se deberá aprobar o no un documento de aprobación inicial que ya no es lo que era cuando salió adelante en 2005. Pero también es inédita, no sólo porque nunca antes a un ayuntamiento se le había ocurrido apelar a este recurso contemplado en la legislación, sino porque debió llegar hasta el Tribunal Supremo para obtener luz verde, previas negativas de la Junta de Andalucía y del Gobierno central.

Tantas vicisitudes son las artífices de que el equipo de gobierno, conducido por el siempre polémico Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), haya tomado este referéndum como bandera reivindicativa de la autonomía municipal a la hora de diseñar un planeamiento urbanístico. El alcalde no se cansa de gritar a los cuatro vientos que esas competencias corresponden al Consistorio y que otras administraciones, léase la Junta, sólo están para velar por el cumplimiento de la legalidad.

Para Benavides, este referéndum no será sólo un instrumento para pulsar la opinión de los sexitanos sobre su documento urbanístico, sino de toda su política urbanística y su visión del modelo de futuro que quiere para Almuñécar. Tan lejos llega su apuesta que, aunque la consulta no es vinculante, anunció que retirará el PGOU que se está tramitando si la respuesta de los sexitanos es negativa. También es cierto que se quitará de encima las numerosas opiniones negativas de propietarios de viviendas no residentes en el municipio, que se vieron reflejadas durante el periodo de alegaciones al Plan.

Así las cosas, no llama la atención el despliegue de medios que el gobierno ha dispuesto para animar a los ciudadanos a que el 28 de febrero se acerquen a las urnas. Por una parte, destaca una intensa campaña publicitaria en la vía pública y en medios de comunicación -de la que hasta el momento no se han dado a conocer costes-, donde diversos colectivos y sectores sociales alientan la participación; y, por otra, las reuniones programadas con los vecinos para darles a conocer los pormenores de lo que se decidirá en el referéndum.

El alcalde se muestra confiado en que el PGOU obtendrá el apoyo popular, por lo que su principal reto es conseguir un alto nivel de participación. Hasta tal punto no escatima medios para ello, que incluso ha decido resucitar -sólo para la ocasión- al Canal Tropical, una televisión local privada aunque claramente vinculada a su partido. Sus emisiones comenzaron el pasado 19 de enero y finalizarán una vez concluido el referéndum. Su parrilla se centra exclusivamente en la emisión de actos públicos y ruedas de prensa relacionadas con el Plan Urbanístico.

Más allá de lo que voten, si deciden hacerlo, la convocatoria electoral no ha dejado indiferentes a los vecinos, que se dividen en sus opiniones. Hay quienes apoyan la teoría municipal y creen que el Almuñécar debe hacer valer su autonomía; y también hay quienes creen que será un gasto económico inútil, puesto que ni siquiera se votará el proyecto urbanístico que se está tramitando en la actualidad, que está a la espera de obtener su aprobación definitiva. La polémica está servida en las calles, bares, tiendas, hogares y demás ámbitos de la vida social sexitana.

Tampoco hay acuerdo entre los grupos políticos. Cuando Convergencia Andaluza pisa a fondo en el proceso electoral -la campaña institucional utiliza las mismas placas que el partido usó en las elecciones municipales-, su socio en la aprobación del Plan, el PP, que anunció que apoyará el 'sí', censuró el "desmesurado" gasto publicitario. IU, opositor al planeamiento urbanístico al igual que el PSOE y el PA, anunció que no realizará ningún tipo de campaña, ni a favor ni en contra, mientras que los socialistas consideran que la ciudadanía ya se pronunció sobre el documento al presentar 6.000 alegaciones.