La casa de Torres Hurtado: Las religiosas vendieron el solar al exalcalde aburridas de las trabas urbanísticas

  • El terreno donde Torres Hurtado hizo su casa era de una Congregación que pleiteó una década con el Ayuntamiento y denunció "trato discriminatorio"

Las religiosas de la Congregación Siervas del Evangelio, propietarias originales del céntrico solar donde José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto construyeron después sus viviendas, pidieron permiso a la Santa Sede en 2011 para vender el terreno a la familia del exalcalde porque en ese momento se reconocían impotentes ante las trabas que sufrían para edificar por su cuenta, algo que llevaban intentando más de una década. Llegaron a reconocer a sus superiores eclesiásticos que podrían "perder" el terreno, lo que indicaría que temían una expropiación municipal.

Entre los documentos hallados por la Policía en los registros de la Operación Nazarí figuran las cartas que las religiosas enviaron a la Santa Sede en el Vaticano con el fin de obtener el necesario permiso para la venta del solar de la calle Obispo Hurtado. En sus escritos, de mayo de 2011, hablan de que esa operación era una necesidad urgente en ese momento, tras una década de pleitos con el Ayuntamiento y con la Consejería de Cultura, que llegaron incluso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Las monjas explicaban al prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, Joao Braz de Aviz, que el terreno de su propiedad estaba en el casco urbano, donde las normas y las autoridades obligaban a construir en unos plazos de tiempo concretos que ya habían pasado, pese a sus largos intentos por emprender allí una promoción inmobiliaria. Reconocían que, en esas circunstancias, la Congregación no podía promocionar por sí misma dicha obra, de modo que podían perder la propiedad en caso de no edificarlo.

En una carta a la Santa Sede, admitían el temor a "perder" la propiedad del suelo

La normativa obliga al propietario de un terreno a edificarlo en una serie de años establecidos en el planeamiento urbanístico y el Ayuntamiento puede iniciar el trámite de expropiación si no se cumple. Pero en la práctica, y sobre todo tras la llegada de la crisis económica, esos plazos se hicieron muy flexibles en Granada, como en aquel momento explicaba siempre la propia Isabel Nieto. Las religiosas, sin embargo, aseguraban en sus escritos que tenían ese temor.

El interés de las Siervas del Evangelio por edificar ese solar (ubicado junto al colegio Nazaret que ellas gestionan, en la misma calle Obispo Hurtado) viene desde el inicio de la década pasada, cuando pidieron por primera vez licencia de obras al Ayuntamiento para hacer un edificio de viviendas, locales y garaje. Fue denegada con el argumento de que no había vigente un plan especial de protección del Centro (se aprobó un poco más tarde, en 2002). Las religiosas se fueron a los tribunales e iniciaron un pleito que duraría muchos años y que perdieron definitivamente en 2008. Alegaban que estaban sufriendo un "trato discriminatorio", en relación a otra promoción de viviendas colindante, a la que ni el Ayuntamiento ni la Consejería de Cultura habían puesto los mismos impedimentos. El tribunal andaluz desestimó su recurso sin entrar a valorar esa supuesta "arbitrariedad" municipal, porque argumentaba que un precedente irregular no puede ser el camino a seguir para justificar este caso.

No fue hasta 2010 cuando las religiosas consiguieron la primera licencia (un expediente que se inició con una nueva petición en 2005), pero comenzaron otros problemas, especialmente los de tipo arqueológico. Además de la excavación que tuvieron que hacer, el hallazgo de restos romanos provocó que la continuación de la obra del edificio quedara condicionada a hacer los trabajos con un seguimiento especial.

También se condicionaba la licencia a una adaptación del proyecto para cambiar algunos elementos al Plan Centro, como el retranqueo de elementos volados.

Así las cosas, las religiosas decidieron aceptar la séptima oferta de compra presentada por el hermano del alcalde (según los documentos encontrados por la UDEF en el despacho de éste) y el 12 de abril de 2011, el consejo general de la Congregación aprobó en una "votación secreta" la cesión de esos suelos a cambio de obra (recibirían pisos y locales en el futuro edificio). Tres días después de aquel trámite, la ecónoma general de la Congregación firmó un acuerdo privado de venta con Antonio Torres Hurtado, que actuaba en representación de la futura comunidad de propietarios donde participaron el exalcalde, la exedil de Urbanismo y varios miembros de sus respectivas familias.

En ese contrato, los compradores se comprometían a abonar a las monjas todas las fianzas, coste de los trabajos arqueológicos y gastos que habían tenido que asumir hasta entonces en su intento de iniciar la construcción. Todo eso superaba ya los 150.000 euros. Llegaron a un acuerdo de pago en obra, de modo que las religiosas recibirían parte de los pisos (la primera y segunda planta completas), todos los locales comerciales que se iban a construir y la segunda planta de sótanos, valorados en 3,5 millones de euros. En su carta a la Santa Sede, las religiosas explicaban que el alquiler de esos inmuebles les permitiría la "obtención de rentas que ayuden al sostenimiento de la Casa y además puedan ser aplicadas a la atención del apostolado".

La escritura de compra para formalizar la operación no se firmó hasta mucho después, el 31 de diciembre de 2012, pero los documentos encontrados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la oficina del hermano del exalcalde (que era el administrador de la Comunidad de Vecinos promotora) ponen de relieve que la iniciativa de la familia de Torres Hurtado comenzó a avanzar desde la firma de aquel contrato privado de abril de 2011 o desde el tiempo previo en el que habrían negociado las diferentes ofertas presentadas.

Pese a estar ya pactada y formalizada la venta, las Siervas del Evangelio siguieron figurando en Urbanismo como titulares de la promoción hasta 2013, a punto de comenzar la obra y mucho después de que se hubieran realizado las transferencias económicas pactadas y los compradores hubieran entregado un aval bancario para garantizar a las religiosas la entrega de los pisos más tarde.

Llamó la atención de los investigadores policiales la agilidad de los trámites de esta promoción en el Ayuntamiento, sobre todo para la obtención final de la licencia de ocupación. Pero esa rapidez en la gestión fue una constante desde el principio. El mismo día que entró en Urbanismo una petición a nombre de las religiosas (aunque ya sólo figuraban como titulares sin ser las verdaderas promotoras) para cambiar el proyecto de obra, se firmaron informes técnicos favorables y solo tuvieron que pasar 10 días desde la firma de la escritura final de venta, para que Urbanismo aprobara la licencia de obras con el proyecto definitivo, que fue encargado por la Comunidad de Propietarios a un nuevo arquitecto.

En todos esos trámites las religiosas seguían apareciendo como las titulares de la licencia. El cambio del permiso para construir, para ponerlo a nombre de los verdaderos promotores, no se formalizó hasta febrero de 2013, más de un año después de obtener el permiso para construir. El decreto fue firmado por la propia Isabel Nieto, un conflicto de intereses que destaca la Policía en la investigación del caso Nazarí, el asunto de presunta corrupción municipal por el que fueron detenidos Torres Hurtado y Nieto en 2016.

El edificio se construyó sin aparentes retrasos, aunque los problemas para sus promotores llegaron en 2015, cuando en el trámite final de obtención de la licencia de ocupación, un técnico destacó una serie de anomalías, como una merma en la altura de los techos. A pesar de todo, el permiso para habitar las viviendas fue otorgado, aunque se impuso una sanción cuya gravedad e importe ha sido objeto de una enorme polémica. De hecho, esos extremos son investigados en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada. Recientemente la magistrada ha solicitado al Ayuntamiento más información sobre esas sanciones y su cumplimiento.

Los responsables políticos investigados fijaron su residencia en Obispo Hurtado (allí se produjo la detención de Torres Hurtado y Nieto el 13 de abril de 2016) y las religiosas obtuvieron el pago mediante los pisos y los locales comprometidos.

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