La jueza que dirige la causa Nazarí, de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Granada, María Ángeles Jiménez, ha vuelto a ratificar el trabajo realizado por los policías encargados de la investigación, pero esta vez ha perfilado un reproche a las defensas del caso, por el "cuestionamiento consecutivo de la actuación policial".

A juicio de la magistrada, las habituales críticas de los investigados, en sus recursos y escritos, a los agentes policiales "se viene usando como elemento de las defensas". La magistrada ya ha ratificado en varias ocasiones la labor de los funcionarios y así se lo recuerda en un reciente auto, del 10 de noviembre, a la defensa de la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto. Su abogado presentó el verano pasado un escrito en el que pedía la impugnación de parte del informe policial elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre los documentos hallados en los registros realizados a la antigua dirigente política.

Esta defensa se quejaba en aquel escrito de que los instructores habría incluido en su informe "opiniones personales, suposiciones u opiniones jurídicas que adornan la documentación requisada en el domicilio".

Por este motivo, el abogado de Nieto pedía a la jueza que hiciera un requerimiento a la Policía para que se limite a aportar al Juzgado la documentación "que tenga relación directa con los hechos investigados" y que se abstuviera en el futuro de "emitir opiniones personales, presunciones, suposiciones y especialmente calificaciones jurídicas sobre el contenido de unos expedientes que no poseen".

La jueza Jiménez rechaza remitir ese requerimiento a la Policía, en la misma línea que se había pronunciado antes la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, para quien las obligaciones legales "se están cumpliendo con todo rigor e imparcialidad por los funcionarios de Policía que llevan a cabo la investigación".

Estas críticas al trabajo policial por parte de algunas de las defensas comenzaron desde el mismo momento de las detenciones realizadas el 13 de abril de 2016, en la llamada Operación Nazarí. La jueza también avaló esta actuación policial en autos posteriores.

El exalcalde la ciudad José Torres Hurtado también se sumó a estas críticas y llegó a pedir el relevo del equipo investigador para que se hicieran cargo de la causa otros funcionarios de la Policía. De nuevo fue rechazada la petición por parte de la jueza.

La magistrada da por impugnados ahora los escritos policiales a los que se refiere su defensa, pero le advierte de que esto "carece de virtualidad práctica" porque es algo que corresponde hacer en un hipotético juicio.

En el mismo escrito enviado este verano por la defensa de Nieto, ésta cuestiona otros aspectos del informe sobre los documentos encontrados en el registro. En particular, niega la autoría de las agendas o libretas que la Policía atribuye a la exconcejal. La jueza ha acordado remitir esta información a los agentes para que puedan ratificar estos datos, pero apunta que si fuera necesario más adelante podría encargarse una prueba caligráfica que aclarase este aspecto.

Esta defensa también se queja de la difusión mediática de los documentos y los informes que se aportan en esta causa. Sobre todo, hace alusión a la publicación del contenido de la correspondencia y los correos "personales". En las conclusiones policiales del registro a Isabel Nieto había una carta que le envió el anterior concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, aunque más que asuntos personales ponía de relieve supuestas actividades irregulares por parte de los funcionarios de Urbanismo. También se revelaron en ese informe los mensajes intercambiados entre la edil y el empresario Enrique Legerén, también con un contenido relacionado con asuntos urbanísticos de la ciudad.

Tanto la fiscal como la jueza rechazan que se adopten medidas al respecto porque considera que cada una de las partes ya es conocedora de sus obligaciones legales. En autos anteriores, la jueza también ha mantenido esta postura y ha llegado a advertir a los investigados de que el interés mediático está justificado por los "graves delitos" imputados y los cargos públicos que ostentaban algunos de los presuntos implicados.