El juez retoma el caso Agreda con graves protestas de las acusaciones

  • La negativa del magistrado a las sesiones con el sistema audiovisual y sus últimas decisiones provocan una denuncia ante el Decanato y el anuncio de otra posible recusación del instructor

Interior de la que fuera residencia del caballero Don Diego de Vera Agreda y Vargas. Interior de la que fuera residencia del caballero Don Diego de Vera Agreda  y Vargas.

Interior de la que fuera residencia del caballero Don Diego de Vera Agreda y Vargas. / g. h.

La nueva tanda de declaraciones de investigados y testigos del caso judicial sobre la venta de la casa Agreda, que la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir, comenzó ayer con el estallido de una nueva polémica relacionada con la actuación del juez instructor, quien de nuevo se negó a que las sesiones fueran grabadas por el sistema audiovisual del que disponen, a pesar de la petición expresa de las partes acusadoras.

El letrado de la acusación popular que representa el empresario Ramón Arenas abandonó la sala de vistas al inicio de la sesión de ayer cuando, después de reclamar el uso de los medios de grabación, el magistrado titular de Instrucción 9, José Luis Ruiz Martínez, rechazó la petición que también había sido apoyada por la acusación de la concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez. El abandono de la sala responde a una protesta que también fue transmitida acto seguido al decano de los jueces de Granada. Mediante un escrito formal, esta parte acusadora se interesó en el Decanato por la disposición de medios audiovisuales y si el juez de este caso los había solicitado.

En una nota informativa posterior, tanto Ramón Arenas como la edil de Vamos Granada reiteraron su protesta por la actitud del juez, que a juicio del primero está haciendo una "pantomima" en este caso con el objetivo de volver a archivarlo, como ya lo hizo en 2016. El motivo principal por el que las partes acusadoras reclaman que las sesiones de toma de declaraciones sean grabadas es porque han denunciado en varias ocasiones que las actas no reflejan toda la realidad de modo fidedigno y para que se pueda demostrar la presencia de cada una de las partes en el juzgado, algo que se ha llegado a poner en duda.

La concejal Marta Gutiérrez, por su parte, adelantó otra posible recusación del magistrado por sus últimas decisiones y actuaciones. A su juicio, "el juez está actuando en clara parcialidad a favor de los investigados en la manera en que conduce las declaraciones". Los antecedentes que han sido motivo de queja son los de las primeras declaraciones tomadas a los principales investigados (José Torres Hurtado o Isabel Nieto) en 2016. "Las declaraciones se tienen que grabar para las máximas garantías", expuso Gutiérrez.

Para esta parte acusadora, que cuenta con la representación letrada del fiscal anticorrupción (en excedencia) Carlos Castresana, la situación se agrava por las últimas decisiones del juez, que sin aportar ningún argumento ha rechazado investigar quién es el inversor que está detrás de la adquisición de la casa Agreda, pues esta parte ha aportado algunos indicios de que la organización podría haber sido una "tapadera". "¿A quién está protegiendo el juez para negarse a investigar esto cuando podría haber incluso un posible delito de blanqueo de capitales? Se siguen acumulando los motivos para una nueva recusación", expone esta parte acusadora en su nota informativa.

Las dos acusaciones populares se han quejado reiteradamente de que la decisión de la Audiencia Provincial de rechazar la primera recusación planteada no les ha sido notificada, de tal modo que no han podido optar a recurrir esa decisión. De ahí que estas partes hayan pedido la nulidad de las últimas actuaciones del juez instructor y la paralización de todo hasta que este asunto quede resuelto.

Por su lado, la acusación de Ramón Arenas manifestó ayer que a su juicio "todo está transcurriendo de nuevo para volver a archivar el procedimiento y esta acusación popular, en nombre de la ciudad de Granada, entiende que no va a formar parte de esta pantomima. Si quieren archivarlo, que lo hagan ya, pero no vamos a participar".

También lamentaron las partes acusadoras que el Ayuntamiento de Granada no haya dado el paso adelante para personarse en este caso en defensa de los intereses municipales y que tengan que ser ellos los que asuman esa función.

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