Más de diez mil rumanos podrán acogerse al nuevo plan de retorno

  • Se trata de la primera comunidad por número de habitantes, tras la española, en Granada · Desde las ONG se incide en que la medida es discriminatoria

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Más de diez mil ciudadanos rumanos residentes en la provincia de Granada podrán acogerse al convenio firmado por los gobiernos de España y Rumanía que pretende facilitar el regreso de trabajadores rumanos, así como el intercambio de información y cooperación en materia de Seguridad Social.

En la provincia, según los datos facilitados por el estudio Datos Básicos 2009 del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) referidos a la población extranjera a finales de 2008, residen unos 10.570 rumanos -medio millar en la capital-, número que convierte la rumana en la primera comunidad en número de habitantes tras la española.

A los rumanos con "expectativas de futuro dudosas" les van a dar "la oportunidad de volver", aseveró en la presentación del convenio el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que realiza un viaje oficial a Rumanía. La alta tasa de paro y la situación económica en España han servido de acicate para la medida, que llega cinco meses después de que finalizara la moratoria laboral que pesaba sobre ciudadanos rumanos y búlgaros -14.000 en Granada-, que eran tratados como ciudadanos extracomunitarios pese a que tanto Rumanía como Bulgaria forman parte de la Unión Europea desde 2007.

Desde la plataforma El Cortijo de Granada, que trabaja con el colectivo de gitanos rumanos, la medida anunciada ayer conlleva un sesgo discriminatorio. En este sentido, Natalia García explica que "es una sorpresa, no entendemos porqué se fomenta el retorno de rumanos y no de italianos o franceses. Sabemos que es un colectivo grande, pero tiene los mismos derechos que el resto de ciudadanos europeos". Así, García asevera que "hay que reflexionar, aunque tiene que quedar claro que no nos parece mal que se ayude a quien quiera volver".

No es el primer plan para incentivar el retorno voluntario de inmigrantes. En noviembre entró en vigor un proyecto para facilitar a los trabajadores extranjeros no comunitarios que hubieran perdido su empleo que regresaran a sus países de origen. En esa iniciativa no se incluía a los ciudadanos rumanos, unos 728.967 en todo el territorio español.

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