Decir que durante la Guerra Civil y los años posteriores hubo asesinatos y caídos en ambos bandos, nacional y republicano, es empezar por una obviedad que sin embargo se olvida en más ocasiones de las que sería deseable.

Por eso, el acto que tuvo lugar ayer en Turón, un pequeño pueblecito de la Alpujarra entre Granada y Almería, cobra una especial significiación en estos momentos: sacerdotes de la ambas provincias Granada y de Almería se reunieron en el municipio granadino para recodar los horrores que se vivieron allí durante la Guerra Civil, cuando grupos de republicanos convirtieron la iglesia en una cárcel en la que encerraron a 300 personas a las que , según se relata, se sometió a trabajos forzados y que en muchos casos fueron ajusticiados.

El cura granadino Santiago Hoces, que participó en el acto en memoria de las víctimas -durante el que se celebró una eucaristía y una oración martirial a la que acudieron casi una cincuentena de religiosos- y autor de varios estudios sobre el tema de los asesinatos de religiosos, recordó que durante la contienda se asesinaron en España "más de 7.000 sacerdotes, 500 religiosas, algunas de ellas de clausura, y hasta 10 obispos". La Iglesia ha solicitado la canonización de todos aquellos que ayer fueron homenajeados y que, como especifica Hoces, "murieron por causa de odio a la fe católica" y que perdonaron a sus verdugos. "Por eso son unos mártires", justifica el sacerdote granadino.

El sacerdote también hizo especial hincapié en que el motivo de este proceso ni es político ni es reciente, sino que viene de muy atrás. "Hay tres tipos de muertos de la Guerra Civil: los jóvenes de uno y otro bando cuya sangre regó los campos españoles. Otros por la represión política, tanto del lado de Franco como del otro. Y por último, los de la persecución religiosa, que murieron por ser católicos y no por motivos políticos. Esos son los que pedimos que tengan la categoría de mártires del siglo XXI desde hace ya más de dos décadas".

Según el religioso, se solicita la canonización por el "testimonio" que han dejado a los católicos pero en ningún caso para reabrir las heridas por las que supura el odio. "Cuando he ido por los pueblos hablando con testigos y familiares para poder demostrar que murieron con palabras de perdón en la boca no he querido saber los nombres de los que los mataron. La Iglesia Católica no quiere condenar a nadie".

El alcalde de Turón, Juan Vargas, del PP, también se negó ayer a politizar el acto de homenaje y recuerdo a las víctimas. "En Turón murieron muchísimas personas, no se sabe exactamente cuántas, pero casi todos eran gente de fuera. En el pueblo no hay heridas abiertas. Yo he asistido porque soy católico, como se han acercado otros vecinos", zanjó.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que sustituye a Baltasar Garzón -de baja tras una operación-, ha admitido que seis familiares de Federico García Lorca se personan en la causa abierta sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.

El magistrado dictó ayer una providencia en la que da el visto bueno a la personación de la familia, concretamente, a Laura García Lorca de los Ríos; Concepción, Vicente y Manuel Fernández-Montesinos García-Lorca; e Isabel y Gloria García-Lorca. La familia se ha mostrado reticente a las exhumaciones de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí, supuestamente inhumados en el mismo enterramiento común y cuyos parientes sí solicitaron a Garzón -y obtuvieron- que se abriera el barranco de Víznar en busca de sus restos mortales.

La personación de la familia Lorca obedece, según explicó ayer su portavoz, Laura García Lorca, a la intención de "estar informados de todo el proceso" y, una vez se proceda a la apertura de la fosa común, poder solicitar medidas de "privacidad". De hecho, la providencia de Pedraz redunda en lo establecido en el auto de Garzón del pasado 16 de octubre, en el que se fijaban las condiciones en las que se deberían llevar a cabo las exhumaciones solicitadas, las de Galindo y Galadí. Textualmente, el auto señalaba que el proceso se realizaría "procurando preservar las medidas de seguridad, privacidad, garantizando la dignidad de las víctimas y familiares". Como novedad, el magistrado sustituto pone a disposición de los familiares del poeta las actuaciones que constan en el Juzgado y les hace saber "la forma y tiempo" en que se desarrollará la exhumación, para lo cual libra un exhorto al Juzgado de Instrucción Decano de Granada.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, Rafael Gil Bracero, explicó ayer que el equipo de la Policía Judicial destinado a la investigación "quiere cumplimentar su informe de la forma más exhaustiva" posible. Así, defendió que los expertos están recabando información de "fuentes diversas" para que el informe final que se remita a Garzón "no sea unilateral". Además, adelantó que la historiadora Maribel Brenes no será titular de la comisión de expertos designada por el juez, sino que ocupará el puesto de sustituta a favor de otro experto propuesto por otra asociación.

El hispanista Ian Gibson defendió ayer, mientras tanto, que está seguro de que "nada va a poder impedir" la búsqueda de los restos del "poeta español más famoso del siglo", aunque él "no podría aguantar el dolor" de verlos. "Tengo confianza total en que se va a buscar. Nada lo va a poder impedir", "esto está en marcha" y "la familia no creo que pueda influir nada a estas alturas". "El proceso es imparable", declaró Gibson.