Tres sacerdotes y un profesor de Religión, detenidos por el caso de los abusos sexuales

  • Los curas son el padre Román (R.M.V.C.), que daría nombre al conocido como grupo de Los Romanones; Francisco Javier C.M. y Manuel M.M., además del seglar Sergio Q.M., profesor de Religión muy cercano a los anteriores.

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A las doce de la mañana saltaron todas las alarmas. Por fin había detenciones en el caso de presuntos abusos sexuales por parte de sacerdotes de la diócesis granadina a un joven siendo menor de edad. Los investigadores de la Policía Judicial arrestaban y trasladaban a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental a tres sacerdotes y un profesor de Religión como presuntos responsables del calvario denunciado por la víctima, que hoy tiene 24 años, es profesor, vive fuera de Granada y ha sido bautizado por los medios con el nombre ficticio de Daniel.

Las detenciones fueron hechas públicas por el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz en Madrid, mientras que en Granada, en los alrededores del complejo judicial de La Caleta, donde se encuentra el despacho del juez del caso, el magistrado de Instrucción número 4 de la capital, Antonio Moreno, comenzaban a concentrarse los periodistas.

La prensa aguardó expectante varias horas ante los juzgados, ante la posibilidad de que los detenidos fueran puestos a disposición judicial por la tarde. Sin embargo, finalmente, los arrestados, considerados los presuntos cabecillas del clan de los Romanones -así  se conoce a este grupo de religiosos-, continuaban al cierre de esta edición bajo custodia de la Policía.

Lo que sí hubo fueron registros por la tarde. Sobre las 16:30 horas, varios vehículos policiales camuflados abandonaron la Jefatura con los detenidos agazapados en su interior. Uno de los lugares donde los investigadores se desplazaron junto con los religiosos en busca de pruebas fue un domicilio de la urbanización Los Pinillos, en el municipio de Pinos Genil.

Sobre las detenciones también informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), que  remitió una nota de prensa en la que se detallaba además que el juez  había decretado la incomunicación de todos  los detenidos.

Son 72 horas (tres días) el plazo máximo que tiene la Policía  para pasarlos a disposición del juez Moreno, ante el que acudirán con sus respectivos abogados y por separado. Una vez ante el magistrado habrán de prestar declaración -ya como imputados- sobre los hechos denunciados, aunque pueden negarse a hacerlo.

Después de escuchar el juez  sus testimonios, decidirá la suerte que correrá cada uno en función de la gravedad de los hechos que se le atribuyen. Así, podrían quedar en libertad con o sin cargos, o por contra, ser enviados a prisión de forma preventiva hasta que se celebre el juicio.

Según especificó el alto tribunal andaluz, los detenidos pasarán a disposición judicial "una vez que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado finalicen sus investigaciones", sobre las que hasta la fecha poco ha trascendido, al encontrarse la causa bajo secreto de sumario. Sobre esta medida, acordada por el juez a petición de la Fiscalía Provincial de Granada -que denunció el caso- para evitar que las pruebas se contaminen y ante la gravedad de los hechos denunciados, las fuentes consultadas explicaron que le ley establece que puede durar hasta un mes. No obstante, el juez, que  incoó las diligencias previas de este asunto a principios de noviembre, tiene la posibilidad de prorrogarla.

 Durante la  intervención en la que anunció las detenciones, el ministro Fernández Díaz se remitió a la opinión sobre este asunto expresada por la Conferencia Episcopal Española y defendió que "la máxima jerarquía de la Iglesia, el Papa, ha sido quien precisamente ha sido más beligerante para que este caso saliera a la luz".  "Creo que nadie puede poner en cuestión que Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco están siendo absolutamente beligerantes para erradicar del seno de la Iglesia este tipo de comportamientos que a todos nos conmueven y a todos nos producen un daño muy grande", señaló, al tiempo que recordó que  "no se producen estas conductas por desgracia solo en el seno de la Iglesia", informó Europa Press. "Hay que reconocer que la Iglesia está poniendo de su parte todo lo posible para erradicarlas de su seno y ojalá consigamos que se erradiquen no solo del seno de la Iglesia, sino de toda la sociedad".

Las detenciones practicadas dieron lugar a una cascada de reacciones. La asociación Granada Laica, por ejemplo, animó a posibles víctimas y testigos de los supuestos abusos sexuales de esta investigación a que declaren para que sus aportaciones puedan contribuir a esclarecer estos hechos.

A través de un comunicado, el colectivo indicó que cuando se producen abusos sexuales parece que muchas víctimas no se deciden a denunciar "por vergüenza o por miedo a represalias o a verse estigmatizados". Según la asociación, este temor lo comparten a veces quienes, sin ser víctimas, pueden aportar testimonios o pruebas sobre abusos, y creen erróneamente que sus aportaciones no van a "servir para nada" o no resultan necesarias en un caso abierto como el de Granada.

Ante la investigación judicial  existente y ante la posibilidad de que haya víctimas, testigos o personas con posibles pruebas que se mantengan en silencio, Granada Laica les pidió así "encarecidamente" que se decidan a aportar "lo que puedan" a la justicia.  "Su contribución puede ser importante para que ninguno de los pederastas o encubridores quede impune y, sobre todo, para que dejen de ejercer abusos o encubrimientos", subrayó el colectivo, que considera que la simple suma de testimonios diversos podría ser "significativa" en alguna ocasión.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ya criticó en su día el silencio del arzobispo antes de que se pronunciara públicamente sobre este caso, calificó ayer de "repugnante" el delito del que supuestamente fue víctima el joven denunciante de Granada. 

La presidenta, que fue preguntada por este asunto en Jaén,  pidió que "se sea transparente y se colabore con la justicia, porque no es posible cerrar los ojos ante un delito repugnante". Asimismo, dijo creer  que "el conjunto de la sociedad en estos momentos se encuentra conmocionada" por estos hechos .

El joven, tras contarle al  Papa su caso, se dirigió en un primer momento a la Fiscalía Superior de Andalucía para denunciar. Fue el fiscal superior, Jesús García Calderón, quien a mediados de octubre recibió "personalmente" su denuncia, si bien derivó el caso, tras encargar unas investigaciones preliminares, a  la Fiscalía Provincial de Granada, que dirige la fiscal Ana Tárrago, por ser la competente para hacerse cargo de este oscuro episodio.

Hasta el momento no constan más denuncias de víctimas. Pese a ello, el subdelegado del Gobierno en Granada indicó que no se pueden descartar que haya más pues "algunos testigos o posibles víctimas habrían contactado con la autoridad eclesiástica" para trasladar este extremo. Hasta el momento, esto "no consta en el ámbito policial o judicial".  Los hechos denunciados ocurrieron "hace tiempo" y algunos de los delitos que se investigan pueden estar "prescritos", por lo que "el interés máximo" de esta investigación se centra en "reunir las pruebas necesarias" en la parte de los hechos que no lo están, de forma que haya "un encausamiento".

  La Policía Judicial está haciendo, según Pérez, una labor "pormenorizada", también en lo referido al origen de las propiedades de las personas que supuestamente están implicadas en los abusos y que, según diversas informaciones serían los sacerdotes Román M.V., Manuel M.M. y Francisco José C.M. y el seglar Sergio Q. M., todos ellos integrantes de un grupo de religiosos con un alto nivel económico y que cuentan con varias casas en la provincia donde supuestamente se produjeron los abusos.

El joven denunciante, según fuentes próximas al caso,  apuntaba en la carta que envió al Papa Francisco -que lo llamó en dos ocasiones para pedirle perdón y mostrarle su apoyo y solidaridad- a otras cuatro posibles víctimas.  Él conoció a los ahora detenidos siendo monaguillo de una iglesia del barrio del Zaidín, con sólo 7 años, si bien, los abusos habrían comenzado a los 13 años. Daniel llegó a vivir con ellos en la casa parroquial.

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