La saturación de la cárcel se refleja en el juzgado

  • Los casos que registra Vigilancia Peniten¡ciaria casi duplican los recomendados por el CGPJ

El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Granada ingresó el pasado año un total de 3.787 asuntos, resolvió 3.836 y contaba a final de 2007 con 189 pendientes, según los datos recogidos en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En concreto, Granada contaba con 1.818 internos, lo que supera en 818, un 81,8 por ciento más, al Módulo de Entrada del Consejo General del Poder Judicial, que fija el nivel recomendado en 1.000 internos por juzgado, por lo que sería necesaria la creación de un nuevo órgano.

Al respecto, el propio TSJA advierte en su memoria anual sobre la conveniencia de crear nuevos juzgados de Vigilancia Penitenciaria en Andalucía, puesto que la mayoría de ellos tiene más carga de trabajo de lo que recomienda el Consejo.

En concreto, las cifras recomendadas se superan en más del 60 por ciento en los del El Puerto de Santa María (Cádiz), Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Huelva y Algeciras (Cádiz).

El alto tribunal andaluz, con sede en Granada, plantea la creación de nuevo órganos al menos en aquellos partidos judiciales donde el Módulo se supera por encima del 100 por ciento, es decir que tienen el doble de carga de trabajo de lo que indica el Consejo, que son los de El Puerto de Santa María y Sevilla.

En total, los once juzgados que hay bajo la jurisdicción del TSJA, que incluye a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ingresaron el pasado año un total de 38.116 asuntos y resolvieron 37.987, por lo que la pendencia -lo que está pendiente de resolución- a final de año había aumentado un 4 por ciento. En el total de los centros penitenciarios de Andalucía, Ceuta y Melilla había a final de 2007 un total de 15.233 internos y, con respecto al número de registros, el mayor número de ingresos fue en Huelva, Sevilla, Córdoba y Algeciras.

Por materias, de los 38.116 registros en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, el 34 por ciento correspondió a permisos de salida, el 8 por ciento a recursos contra sanciones disciplinarias y el 7 por ciento a medidas coercitivas.

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