La segunda tanda de comparecencias por el caso las supuestas contrataciones irregulares durante el anterior mandato en la Diputación Provincial de Granada (por entonces gobernada por PSOE e Izquierda Unida) en la feria empresarial Mercamed, en Tetúan, y el proyecto de un museo en Chaouen, arranca hoy lunes en el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, encargado de investigar el asunto.

Según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado ha reservado cinco días de septiembre (17, 18, 19, 26, 27) y otros cuatro de octubre (1, 8, 9 y 10) para el interrogatorio de los inculpados, entre los que figuran técnicos y empresarios. Por ahora, el magistrado ya ha tomado declaración a cinco de los imputados.

El exvicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo (IU), declarará el 1 de octubre y el ex director de área de Cultura, Jorge López, cuya comparecencia, prevista inicialmente para el 26 de junio, fue aplazada sine die, lo hará este miércoles, 19 de septiembre. Además, se han citado como testigos a otras tres personas para el 15, el 16 y el 17 de octubre.

La Diputación, ahora gobernada con mayoría absoluta por el Partido Popular y personada en el caso como acusación, ha presentado ante el juzgado una ampliación de su denuncia que incluye a seis empresarios más y a la diputada de IU Asunción Pérez Cotarelo, responsable de Cultura en el anterior mandato.

Si el magistrado acepta esta ampliación habría 21 imputados, acusados de delitos como prevaricación, malversación de fondos públicos o falsedad documental. Entre ellos uno de los más significativos es Julio Bernardo, que fue vicepresidente de la institución provincial y es secretario provincial del PCE, Julio Bernardo. También llama la atención la presencia el exdirector del área de Cultura durante el anterior mandato Jorge López.

Según la diputada provincial de Empleo y Desarrollo Provincial, María Merinda Sádaba, lo que une a Pérez Cotarelo a la supuesta "trama" es el documento por el que Bernardo delegó en la diputada facultades de seguimiento de Magrec y un contrato posiblemente ilegal suscrito a través de una empresa intermediaria para el alquiler a un particular de una casa en Chaouen para instalar el museo, cuyo proyecto elaboró la pareja del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, también imputada en la causa.

En el caso de los seis empresarios, cinco de ellos de Madrid y uno de Granada, entre los que figuran los tres que interpusieron la denuncia contra Sádaba (posteriormente archivada), la Diputación ha encontrado expedientes con "presupuestos de dudosa legalidad" y contrataciones por tanto posiblemente irregulares.