Humillados y con miedo. Así confesaron sentirse ayer ante la jueza de Instrucción 2 los cinco profesores del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia que denunciaron al padre de un alumno de 33 años por presuntas amenazas, coacciones e injurias en un escrito remitido a la Consejería de Educación de la Junta a raíz de que suspendieran a su hijo en el manejo del violín.

Durante el juicio, celebrado en los juzgados de la Caleta, los profesores se confesaron preocupados porque, según indicó uno de ellos, Pablo Martos, han tenido conocimiento de que el padre denunciado, Manuel J.O., "es policía y, por tanto, debe tener un arma de fuego". Martos, que aseguró sufrir ansiedad desde que leyó el escrito remitido por Manuel J.O. a la Junta, defendió su profesionalidad y la del resto de docentes que integraron el tribunal que, en septiembre pasado, suspendieron a ese alumno, que ya había sido previamente suspendido por su tutor en junio.

Martos justificó su temor y el de sus compañeros en que el padre decía en su escrito que comunicaba a la Administración los hechos antes de que "llegue a cotas imprevisibles". Además, el progenitor hablaba de una "persecución callada, traidora" y añadía que recurrir a la violencia sería lo último, pero su hijo y él saldrían en la televisión "y engrosaría la estadística de agresiones a profesores, claro provocada por ellos".

Aunque Martos hizo las veces de portavoz de los denunciantes, el resto de profesores también dejó patente su miedo e indignación. "Nos hemos sentido humillados", manifestó el docente Fernando Cornejo, que aseguró trabajar "asustado" y con el pestillo de la puerta de clase echado. Su compañera Ana Luque garantizó que todos ellos actuaron "de forma escrupulosa al cien por cien tanto con la programación didáctica como con las normas de funcionamiento del centro". Ibón Zamacola lamentó que el denunciado les haya puesto "en el punto de mira" en la comunidad educativa, pues todos ellos tuvieron que realizar un informe dando explicaciones a la dirección del conservatorio. Por último, José Antonio Salazar, que es jefe del Departamento de Cuerda y Arco, dijo sentirse "ofendido", a la vez que consideró "penoso" que "por enseñar arte" él y sus compañeros se tengan que ver en una situación así.

En definitiva, los cinco profesores ratificaron su denuncia en la vista, a la que no acudió el denunciado, que aportó sus alegaciones por escrito a través de su abogada. En ellas, solicitó ser absuelto porque, según sus palabras, pudo utilizar expresiones "quizás de forma desafortunada", pero "nunca tuvo ánimo de injuriar, coaccionar o amenazar", sino sólo de denunciar administrativamente "una irregularidad" que, a su juicio, se cometió con su hijo y que le ha provocado una depresión.

En su informe final, el letrado de los profesores pidió que se haga justicia "con contundencia", solicitando que Manuel J.O. sea condenado como autor de cinco faltas de coacciones, amenazas o injurias leves. Con respecto a la pena, pidió que se le imponga una multa de 6.000 euros (20 días de multa a razón de 60 euros/día por cada falta). Asimismo, reclamó el pago de una indemnización de 300 y 150 euros a los profesores Martos y Salazar, respectivamente, aunque, como resaltó, sólo quieren justicia, "pues se ha puesto en entredicho su fama y forma de trabajar como funcionario público".

Para el letrado, aunque se haya tramitado como falta, el asunto "es muy serio", ya que se estaría imputando una posible prevaricación a sus clientes por insinuar que habrían emitido, a sabiendas, una resolución injusta al suspender a alguien que supuestamente no lo merecía. Por cierto, que después de que los denunciantes no aprobaran a Manuel B.J.R., se ha ratificado su suspenso dos veces más.

La abogada del padre denunciado insistió en que éste no dirigió ningún escrito personalmente a ninguno de los docentes, sino que lo hizo ante la Consejería de Educación, por lo que, a su juicio, no habría cometido falta alguna.