El pleno del Ayuntamiento de Granada se pareció ayer por momentos a un patio de colegio. El alcalde, Francisco Cuenca, tuvo que poner orden en varias ocasiones cuando los concejales de Vamos Granada Luis de Haro y Marta Gutiérrez no se ponían de acuerdo pea definir quién era el portavoz. Unos 'deberes' que le había encomendado a los ediles el día anterior el concejal de Economía, Baldomero Oliver y que, sin embargo, no realizaron. Lejos de llegar a un acuerdo trasladaron sus cuitas internas a un pleno largo en el que hubo mucho debate a pesar de que la mayoría de los puntos se aprobaron con unanimidad.

El primer punto discordante se dio al inicio. Fue en el número dos cuando en el pleno se dio cuenta del paso a concejal no adscrita de Pilar Rivas tras el reciente dictamen del Consejo Consultivo. En ese momento, Marta Gutiérrez intentó tomar la palabra "por una cuestión de orden" que no le fue concedida. El alcalde no le dejó hablar y le pidió tanto a ella como a Luis de Haro que cuanto antes entregaran un escrito en el que aclararan quién es el portavoz. Ante la negativa de ambos ediles, el alcalde finalmente decidió que los tiempos de intervención en los debates fueran compartidos entre ambos hasta que se aclare su papel. "Por favor no hagan perder más tiempo a esta ciudad por sus cuestiones internas", dijo el alcalde invitando a ambos concejales a trabajar por la ciudad.

El otro apunte curioso se produjo en el siguiente punto. Tocaba aprobar una innovación al PGOU para el cambio de uso pormenorizado de vivienda unifamiliar a terciario en Plaza de San Miguel Bajo número 14 y en Placeta Cauchiles número 10. La modificación ha sido promovida por una familia que desea abrir una tienda de artesanía pero, tal y como se preguntó el portavoz de IU, Francisco Puentedura, al pasar a uso terciario nada le impide en un futuro a esta familia convertir este espacio en otro tipo de negocio como un establecimiento hotelero lo que, al tratarse de un edificio catalogado en un barrio protegido plantea serias dudas. Así, la aprobación inicial trajo consigo un intenso debate que, curiosamente, el PP aprovechó para reflexionar sobre el voto de los corporativos en asuntos que no son de sus áreas o, lo que es lo mismo, del caso Serrallo. "Puede ser éste -refiriéndose a la innovación del PGOU recogida en este pleno- uno de los asuntos más importantes pero no por lo que debatimos sino por el fondo de lo que vamos a aprobar", dijo el concejal popular Antonio Granados quien argumentó que tras esta innovación se esconde un asunto de "seguridad jurídica" y de "cuáles son los requisitos que los corporativos deben considerar a la hora de aprobar un punto sea en el pleno, junta de gobierno local o comisiones".

"Lo que se debate es una propuesta para hacer una aprobación inicial que tiene informes positivos y ninguno negativo de cinco técnicos incluido una comisión donde forma parte la Junta el mayor garante del Urbanismo en la comunidad... ¿Qué ocurre? que la tesitura que le queda al político que se sienta aquí es que votas a favor de algo que viene avalado por los técnicos", dijo Granados haciendo un guiño a sus compañeros imputados cuya defensa dentro del caso Serrallo se basa en que el expediente tenían todos los informes positivos. Ante esta tesitura, Granados se preguntó: "¿Los técnicos del Ayuntamiento no están lo suficientemente cualificados para hacer esos informes? ¿Si éstos son positivos debemos analizar los aspectos? Porque claro... nos tenemos que sentar aquí como arquitectos, ingenieros, abogados", remarcó Granados quien consideró que, si el secretario no "dice nada", lo lógico es que los corporativos voten a favor o se abstengan para no paralizar la gestión del Ayuntamiento. Tras este discurso, el edil invitó a sus compañeros a votar sí al expediente propuesto por el equipo de Gobierno socialista pero abriendo la posibilidad de cambiar su signo de voto si lo desean. "Les voy a pedir a mis compañeros que voten que sí... pero les digo que si quieren romper la disciplina de voto lo hagan... lo digo abiertamente porque estamos votando una cosa muy seria... en realidad estamos votando una cosa muy importante: si lo políticos servimos o no cuando tenemos los informes de los técnicos delante", dijo Granados que en ese momento se ganó los aplausos del concejal popular Juan García Montero.

Finalmente, y tras este intenso debate, en el que el resto de grupos pusieron de manifiesto la necesidad de aclarar la regulación de los usos terciarios el punto fue aprobado con veinte votos a favor y siete en contra entre los que sorpresivamente se encontraba el de un edil popular. Fernando Egea utilizó la puerta abierta por Antonio Granados de romper la disciplina de voto. Tampoco en Vamos Granada se pusieron de acuerdo pues Luis de Haro votó a favor y Pilar Rivas (ya como edil no adscrita) votaron a favor mientras que Marta Gutiérrez lo hizo en contra.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, aseguró que el Ayuntamiento trabaja en la renovación del Pepri y del PGOU con las que intentarán dar cobertura a este tipo de situaciones, aunque adelantó que habrá más innovaciones como esta pues hasta la modificación no hay otra manera de hacer estos cambios. El edil descartó hacer una nueva Ordenanza de Edificación dados los problemas que tuvo la anterior que fue derogada. En cuanto a las comparativas del PP entre este punto y la junta de gobierno local que originó el caso Serrallo, Fernández Madrid aseguró que en este expediente "no hay informes contradictorios. "Isabel Nieto debería haberles advertido y eso les habría facilitado la vida a algunos de sus compañeros", añadió.