Como propietarios de sus vehículos, los taxistas granadinos que han instalado sistemas de videovigilancia en sus coches como medida de seguridad están en todo el derecho de hacerlo. O al menos esto es lo que se desprende del Informe 0365/2007 de la Agencia Española de Protección de Datos, el órgano encargado de velar por el cuidado de la imagen personal de los ciudadanos.

Eso sí, esta utilización de las nuevas tecnologías está sometida a unas rigurosas formalidades para salvaguardar la intimidad e imagen de los usuarios del servicio. "La instalación de una cámara por los taxistas requiere que la misma la instale una empresa de seguridad privada, que deberá obtener la autorización del Ministerio del Interior", puntualiza Protección de Datos. Asimismo, en el caso de que los profesionales pongan en funcionamiento la grabación de los clientes, la empresa de seguridad deberá notificarlo, con tres días de antelación como mínimo, al mismo órgano ministerial.

Pero las condiciones legales exigidas no quedan ahí. Los clientes de estos taxis con cámaras de vigilancia deberán conocer la existencia de las mismas en el mismo momento en el que hagan uso del servicio público: "Es obligatorio informar a los usuarios que sean objeto de este tipo de vigilancia" de que están siendo filmados, según establece la Instrucción 1/2006 del órganismo público, de modo que aquellos ciudadanos que se sientan vulnerados puedan cambiar de vehículo.

En concreto, los taxis deberán contar con un distintivo informativo en un lugar suficientemente visible y tener a disposición de los interesados impresos donde se detalle la información sobre la existencia de un fichero de imágenes, sobre la finalidad de las grabaciones y los destinatarios de esa información, así como la posibilidad de los usuarios del servicio de acceder a las imágenes grabadas y a la identidad y dirección del responsable del tratamiento, según se recoge la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por su parte, la organización Consumidores en Acción (Facua) de Granada entiende razonable la colocación de cámaras de seguridad en los taxis que prestan servicio en la capital -dada la alta criminalidad que sufre el gremio-, pero advierte de la necesidad de contar con la autorización pertinente y cumplir la normativa que regula la utilización de estos dispositivos de vigilancia, según recuerda el presidente de la entidad, Javier Cejuela.

En este sentido, Facua Granada compele a las autoridades competentes a que actúen para garantizar el cumplimiento de la norma y que el sector haga un uso correcto y razonable de este sistema de vigilancia. Además, la organización de consumidores y usuarios solicita que los algo menos de una decena de taxis que disponen del sistema de videovigilancia "sean identificados con el objetivo de ser inspeccionados y comprobar el cumplimiento de la legislación vigente", según insta Cejuela.