El máximo representante del poder judicial en Andalucía, Lorenzo del Río, lanzó ayer una fuerte llamada de atención a la sociedad en su conjunto sobre el trato recibido por los jueces, al hilo de "recientes situaciones conflictivas judicializadas", en las que, a su juicio, se "ha traspasado la línea de la legítima crítica social". En una alusión no expresa al caso de Juana Rivas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), reivindicó "el respeto a la legalidad y a las decisiones judiciales".

El discurso de apertura del año judicial, que suele tener un marcado carácter reivindicativo en cada ocasión, ha servido esta vez al presidente del TSJA para reclamar una mejora en el trato y el respeto que reciben los miembros de la carrera judicial. Reconoció Lorenzo del Río que en el momento actual se sienten "incomprendidos y criticados", mientras otros colectivos "vinculados directa o indirectamente a la Administración de Justicia, encuentran comprensión y valoración, cuando no evidentes ventajas profesionales".

Por el contrario, los jueces y magistrados encuentran "rechazo y postergación", sobre todo en momentos como éste, con recientes acontecimientos en los que ha habido decisiones judiciales poco comprendidas, como la de obligar a la madre de Maracena a entregar a sus hijos a su padre, pese a la condena y las denuncias por maltrato. Medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos de la mayor responsabilidad en el país se han pronunciado al respecto. Lorenzo del Río dijo ayer que se ha llegado a una "apología y aplauso de la desobediencia de sentencias judiciales firmes", lo que supone un enorme riesgo para la convivencia.

Los jueces están "sujetos al imperio de la ley", recordó ayer el presidente del TSJA, quien agregó que si la sociedad no está de acuerdo con ella la solución es cambiarla. "Sólo desde el respeto y el cumplimiento de la ley es posible una convivencia pacífica y democrática", agregó Del Río. En este punto, el representante de jueces y magistrados hizo una breve alusión indirecta a otro de los grandes asuntos de actualidad, el proceso catalán, al expresar que si se predica reiteradamente esa necesidad de respetar la ley respecto a estos asuntos "que están en la mente de todos", también "debe serlo cuando se trata de cumplir y respetar las decisiones judiciales".

El presidente, que pronunció su discurso en presencia de una amplia representación de la sociedad, la política y la justicia en Andalucía, estuvo secundado en este asunto del respeto al trabajo judicial por la nueva fiscal superior, Ana Tárrago, que en su primera intervención de apertura del año judicial quiso dedicar un apartado especial a la lucha contra la violencia de género.

Tárrago avanzó su compromiso en esta materia que tanto preocupa a los ciudadanos, aunque matizó -en la misma línea de lo expresado por Lorenzo del Río- que "en ningún caso obedeciendo a presiones de colectivos, medios de comunicación o personas, que por desconocimiento o manipulación de la ley y los procedimientos judiciales, pretenden no sujetarse a la legalidad".

Al acto de ayer en el edificio de la Real Chancillería de Granada, acudió también la consejera Rosa Aguilar, también por primera vez como responsable de la cartera de Justicia. Lorenzo del Río puso de relieve estas dos novedades -en la Fiscalía y en la Administración- y aprovechó para lanzarles a cada uno los retos que a su juicio les corresponden para la mejora y modernización de la Justicia en Andalucía.

A la representante de la Junta de Andalucía le recordó las tradicionales asignaturas pendientes de cada comienzo de curso, como son la necesaria reorganización de funcionarios y la mejora de las infraestructuras judiciales. El presidente del TSJA considera que ya es necesario llevar a cabo, "sin más dilaciones", una "reordenación de efectivos y una nueva relación de puestos de trabajo, para lo que también reclamó la "responsabilidad" de las fuerzas sindicales.

Respecto a los retos de la carrera fiscal que tienen una íntima conexión con la judicial, Lorenzo del Río volvió a poner de relieve este año la necesidad de transformación del proceso penal. Tanto el presidente del TSJA como la fiscal superior de Andalucía coincidieron en resaltar las carencias y dificultades del actual modelo, pendiente de una reforma que corresponde a los legisladores.

"Corremos el riesgo de pasar en blanco una nueva legislatura", expuso Lorenzo del Río, quien describió una situación en la que "se solapan las labores de jueces y fiscales, ambos habilitados para asumir las distintas fases del proceso penal". El presidente lamentó la "sobredimensión" del actual periodo de investigación, cuya frontera con el enjuiciamiento no está bien definida. El resultado es la demora de los procedimientos y la imposibilidad real de hacer juicios directos y rápidos, cuando no es necesaria la instrucción.

Ana Tárrago se refirió también a este "importante reto" de la reforma del proceso penal, con la habitual reivindicación desde el Ministerio Fiscal de asumir la fase de investigación de los delitos. La responsable en Andalucía demandó incrementos de plantilla y medios materiales para poder llevar a cabo sus funciones.