El juicio sobre los daños provocados por los supuestos vertidos ilegales de la cárcel celebró ayer su segunda sesión. En ella declararon el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, así como los dos exaltos cargos de la CHG acusados por este caso, en el que la Fiscalía pide la libre absolución para los tres.

Romero negó que los supuestos vertidos ilegales de aguas fecales provocaran "daños graves" al medio ambiente y defendió que no tuvo "intervención directa" en los expedientes sancionadores de carácter "leve" tramitados por el asunto. Tanto él, como el exjefe de Calidad de Aguas y el que fuera comisario de Aguas negaron que los vertidos "domésticos" al arroyo Juncal, a tenor de los informes que manejaron, tuvieran componentes tóxicos que provocaran graves daños al medio ambiente.

Según el expresidente de la CHG, el expediente fue tramitado como "uno más" de carácter leve, los cuales suelen resolverse "sin problemas" con la aplicación de medidas correctoras, además de hacer hincapié en que este organismo no tiene capacidad para cerrar el establecimiento afectado o decretar el cese de la actividad.

El excomisario de Aguas defendió que "no tenía competencia directa en el control de vertidos". Él incoó dos expedientes sancionadores por infracciones leves que suponían daños "mínimos al dominio público hidráulico" frente a los casos "graves" que "se dieron en su etapa de gestión", en la que había "gran cantidad de municipios sin depuradora" que vertían directamente al cauce y cuyos ayuntamientos eran sancionados.

En el mismo sentido se pronunció el exjefe de calidad de Aguas de la CHG, que defendió haber actuado de acuerdo a los requisitos establecidos legalmente y ha insistido en que en este caso no se trataba de un vertido industria.

También declaró como testigo uno de los agentes del Seprona que tomó muestras en el arroyo Juncal. Este agente detectó "espumas de coloración oscura" en el agua, así como "turbiedad" y presencia de lodos que a su entender serían demostrativos de que la depuradora no estaba funcionando correctamente, lo que derivó en una denuncia que se cursó tanto a la CHG como a la Junta de Andalucía.