Caen las primeras sombras sobre la cuidad, apenas mitigadas por la escasa resistencia que opone el alumbrado público. Por las aceras deambulan los cuerpos quemados, y sin duda rendidos, de los jóvenes que, amontonados, regresan a su sitio después de un largo día de playa. Sobre la mesa, arrugado, el dominical de un periódico atusa las críticas sobre Montoro a cuenta de la reciente sentencia de Tribunal Constitucional que declara contraria a la Carta Magna la amnistía fiscal de 2012 que capitaneo el cuestionado ministro. No he podido leer íntegramente dicha resolución, pero según parece, lo que el Tribunal afea al proceso no es tanto la idoneidad u oportunidad del mismo, como la forma escogida para regularlo: un real decreto, que depende de la voluntad exclusiva del Gobierno, en vez de una ley ordinaria, cuyo proceso de gestación surge del poder legislativo. Decía Benito Pérez Galdós en su decimonónica obra "MIAU", al respecto de su protagonista, don Ramón Villaamil, un funcionario cesante del erario público que había desarrollado su dilatada carrera sirviendo en Contribuciones, que: "… durante su larga y laboriosa carrera fue cultivando en su alma el insano goce de perseguir al contribuyente moroso o maligno, placer que tiene algo del cruel entusiasmo de la caza.". Bien sabemos los que nos dedicamos a esto que ese, y no otro, es el estándar de conducta de gran parte de los servidores de la Hacienda Pública, por mucho que el ministro Montoro haya sufrido la debilidad pasajera de indultar a más de treinta mil confesos defraudadores. No obstante esto, no es menos cierto que, así como en la naturaleza no hay hechos nulos, sino que los hechos existen o no existen, en el orden jurídico, de los actos sólo puede decirse que valen o que no valen, y parece que el alto Tribunal ha decido que esa regularización extraordinaria sí que valga, en tanto en cuanto la sentencia no tendrá efectos para aquellos que se acogieron a la misma y mantienen su patrimonio en el circuito lógico de la economía. De lo que repara o para lo que sirve la sentencia, nos enteraremos tan pronto como algún avezado y escrupuloso cazador de la Agencia Tributaria decida interpretar a su antojo lo que ahí se dice, pero lo que no cabe duda es que en el futuro nuestros gobernantes se pensarán decretar una nueva amnistía, al igual que los contribuyentes fulleros se cuestionaran acogerse a la misma.

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