La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, anunció que propondrá a la CE la apertura de un expediente a Francia por la expulsión de gitanos comunitarios, tras conocerse que la policía gala recibió órdenes del Gobierno de desmantelar campamentos de inmigrantes, en especial rumanos.

"Tengo la intención de recomendar al presidente (de la CE, José Manuel Durao) Barroso que acelere la apertura de un procedimiento de infracción para que no perdamos tiempo", afirmó Reding en una declaración ante la prensa. "Espero que el colegio de comisarios pueda tomar una decisión en las próximas dos semanas", añadió. Según la comisaria, Francia ha aplicado de forma discriminatoria la directiva europea de libertad de circulación de ciudadanos comunitarios y además no ha aplicado en su derecho nacional todas las garantías que incluye la normativa europea. "Estoy personalmente convencida de que la Comisión no tendrá otra opción que iniciar un procedimiento de infracción contra Francia", indicó.

La comisaria se mostró especialmente dolida por el hecho de que el pasado 31 de agosto, dos miembros del Gobierno francés, entre ellos el ministro de Inmigración, Eric Besson, defendieran en Bruselas la legalidad de las medidas y aseguraran que Francia no perseguía a las minorías étnicas. Reding aseguró que el Gobierno de París no había informado oficialmente a la CE de la existencia de la circular administrativa que ordenaba a la policía desmantelar los campamentos de gitanos procedentes de Rumanía. "Si no podemos confiar en las garantías dadas por dos ministros en una reunión formal, el papel de la CE se hace muy difícil", aseguró.

La comisaria, en un tono muy duro, aseguró que en todo este asunto "es una vergüenza" la situación en la que una parte del Gobierno francés dijo una cosa en Bruselas mientras otra decía otra en París. "La discriminación por etnia o raza no tiene lugar en Europa, es incompatible con los valores de la UE", por ello "las autoridades nacionales que discriminen a grupos étnicos están violando los derechos fundamentales comunitarios ratificados por todos los estados miembros, incluida Francia".

La comisaria aseguró que se está acabando su paciencia y comentó que nunca pensó que tuviese que volver a ver una situación de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. "Ya manifesté con toda claridad mis dudas acerca de la legalidad de las medidas francesas en una declaración pública respaldada por el presidente de la CE", precisó Reding, quien añadió que el análisis legal preliminar ya dejó claro que las medidas francesas serían consideradas ilegales si se confirmaba que iban dirigidas a un cierto grupo por nacionalidad, raza o etnia.