EEUU prometió ayer mejorar su propia situación de derechos humanos en un informe anual del Departamento de Estado que detalla abusos en otros países.

"No sólo buscaremos ser consecuentes con nuestros ideales en territorio estadounidense, buscaremos un mayor respeto por los derechos humanos al tiempo que buscamos comprometer a otros países y otros pueblos del mundo", dijo la secretaria de Estado Hillary Clinton en la introducción al informe.

Como novedad, el Departamento de Estado eliminó la polémica lista negra de países que violan los derechos humano. El año pasado se presentó a Cuba, Corea del Norte, Birmania, Irán, Siria, Zimbabwe, Bielorrusia, Eritrea y Sudán como "los mayores violadores sistemáticos de los derechos humanos en el mundo". En 2007, por primera vez, desapareció China de la lista.

De hecho, el informe de este año, el primero desde que Barack Obama asumió la Presidencia, elimina toda categorización y se limita a resaltar algunos casos de países concretos divididos por continentes, aunque no escatima críticas.

En el caso de América, el informe recuerda brevemente que Cuba "continuó siendo el único Estado totalitario del hemisferio después de una transferencia no democrática del poder de Fidel Castro a su hermano, Raúl".

Respecto al resto del continente, el informe destaca que las democracias de la región "mantuvieron la independencia y el rigor ganados en años recientes", y cita como ejemplos las elecciones en Paraguay y Honduras, y los referendos en Bolivia y Ecuador.

Sin embargo, asegura que hubo "excepciones" como las municipales en Nicaragua, "manchadas por un extendido fraude, intimidación y violencia", y las de Venezuela, cuando casi 300 candidatos a alcaldes y gobernadores fueron declarados inhábiles para presentarse por "infracciones administrativas".

Respecto a otros países, el informe resalta que Guatemala "realizó esfuerzos para mejorar su situación de derechos humanos" y que en Colombia, a pesar de reconocer esfuerzos y avances, "persistieron numerosos problemas sociales y abusos gubernamentales, incluyendo muertes extrajudiciales".

La lista negra era constantemente criticada por gobiernos de todo el mundo. El informe en sí, sin embargo, es obligatorio para el Departamento de Estado porque se realiza por mandato del Congreso.

En una introducción mucho más breve que en años pasados, el informe recuerda que tiene el objetivo de servir como referencia no sólo al Congreso y el Gobierno, sino también a "otros gobiernos, instituciones intergubernamentales, ONG, defensores de los derechos humanos y periodistas".

Para combatir las acusaciones de arrogarse el poder de determinar quién viola y quién no los derechos humanos, igual que ya en la era Bush, el informe asegura ser consciente "del escrutinio tanto nacional como internacional del historial de EEUU". En ese sentido, por ejemplo, cita por primera vez específicamente el caso de Guantánamo, a pesar de que el Congreso no le exige un análisis del respeto de los derechos humanos dentro de sus fronteras.