El Europarlamento apoya a los perseguidos en Venezuela

  • La Cámara europea manifiesta su "enorme preocupación por el deterioro de la situación" de la democracia venezolana

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El Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer una resolución en la que se solidariza con "todos aquellos que sufren la persecución política en Venezuela", simbolizada actualmente en la persona del líder opositor venezolano Manuel Rosales, que ha recibido asilo político en Perú.

La resolución -redactada por los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), los liberales (ALDE) y Unión por la Europa de las Naciones (UEN)- fue respaldada en una votación en la que el grupo socialista, que había retirado su firma del texto, se abstuvo de participar.

En el documento, la Eurocámara manifiesta su "enorme preocupación" por el "deterioro de la situación y la calidad" de la democracia en Venezuela, que, en su opinión, se encuentra en "grave riesgo de colapso", debido a la "concentración de poder y al autoritarismo creciente" ejercido por el presidente venezolano, Hugo Chávez.

Además, recuerda que, según establece la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), en democracia, para acceder al ejercicio del poder, junto a la legitimidad que otorgan las urnas, ha de existir igualmente una "legitimidad de ejercicio" en respeto con el Estado de derecho y el adversario político.

Asimismo, el PE ha pedido a las autoridades venezolanas que encaminen su acción política por la vía del diálogo y que tengan "cabida y representación adecuada en la vida pública las diferentes opciones políticas elegidas y deseadas por la sociedad venezolana", en cumplimiento con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En el debate previo al voto, la popular española Pilar Ayuso lamentó que existan en Venezuela "miles de casos" como el de Rosales y señaló que la resolución también recuerda a los comisarios de policía Ivan Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas y a ocho oficiales de la Policía metropolitana, condenados, "sin una sola prueba fehaciente en su contra", a 30 años de prisión.

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