Francia retirará la ciudadanía a las personas de origen extranjero que atenten contra un agente de las fuerzas del orden o un representante de la autoridad pública y que hayan sido naturalizados hace menos de 10 años, anunció ayer la Presidencia.

Tras una reunión sobre seguridad e inmigración encabezada por el presidente Nicolas Sarkozy, el Elíseo emitió un comunicado enumerando una serie de medidas en línea con un discurso pronunciado a fines de julio por el mandatario y que marcó un refuerzo de la política en materia de seguridad.

La primera medida establece la "posibilidad de retirar la nacionalidad, en un plazo de 10 años tras haberla obtenido, a quienes (atenten) contra un representante de la autoridad pública, en particular policías y gendarmes". En la actualidad, la nacionalidad francesa puede retirarse por una condena por delitos de terrorismo y contra la seguridad del Estado.

Más de 100.000 personas al año obtienen la nacionalidad francesa. Unos 30.000 menores nacidos en Francia de padres extranjeros pueden pedir la nacionalidad una vez cumplidos los 18 años.

Sarkozy propuso a fines de julio, en un polémico discurso en el que vinculó inmigración y delincuencia, despojar de la nacionalidad francesa a criminales de origen extranjero que atenten contra la vida de un policía, gendarme o representante de la autoridad pública.

Expertos en derecho, políticos y asociaciones de derechos humanos criticaron esa medida, pues viola el artículo 1 de la Constitución que "garantiza la igualdad ante la ley" y porque establece categorías de nacionalidad en la República.

Otra decisión adoptada, que se incluirá en el proyecto de ley sobre inmigración, se refiere a la "expulsión de extranjeros en situación irregular" incluidos "ciudadanos de la UE" por casos de "amenaza al orden público, ausencia duradera de medios de subsistencia o abuso al derecho de libre circulación".

El comunicado no menciona ninguna minoría, pero se produce tras la expulsión de más de un millar de gitanos -de origen búlgaro o rumano- desde fines de julio y el desmantelamiento de decenas de campamentos considerados ilegales.