Los británicos podrían gestionar sus fondos para asuntos sociales

  • El primer ministro planea cambiar radicalmente el sistema de prestaciones

El primer ministro británico, David Cameron, planea cambiar radicalmente el funcionamiento del sistema de prestaciones sociales en el Reino Unido con la adjudicación a los ciudadanos receptores de esos servicios de un presupuesto propio que ellos mismos gestionarían.

Según informaba ayer The Sunday Times, Cameron expondrá la iniciativa esta semana al Gabinete de ministros con la intención de elaborar un proyecto de ley sobre la denominada "gran sociedad", que satisfaría su gran sueño y promesa electoral de traspasar a los ciudadanos la gestión de servicios y prestaciones tradicionalmente en manos del Estado.

El primer ministro confía en que este nuevo proyecto político de reforma (hacia una menor dependencia del Estado) corra mejor suerte que la anunciada y de momento fallida reestructuración del Servicio Nacional de Salud (NHS), que tuvo que suspenderse ante la oposición que suscitó en sectores políticos y profesionales.

Con este nuevo plan de reforma del sistema de prestaciones, Cameron espera consolidar su reputación como jefe de Gobierno con ideas radicales, apunta el periódico conservador, que revela que el asesor del primer ministro en el asunto de "la gran sociedad", Steve Hilton, podría dimitir si el ambicioso proyecto no sale adelante.

De acuerdo con el plan propuesto, los usuarios de ciertos servicios sociales, como ancianos que requieren cuidados, jóvenes con problemas de salud mental o personas con enfermedades crónicas, tendrán un presupuesto propio -calculado según lo que actualmente se gasta en ellos- y podrán "comprar" servicios a proveedores externos en lugar de tener que aceptar los que ofrecen ayuntamientos y autoridades locales.

Así, los ancianos podrían decidir cómo se invierte el dinero destinado a su cuidado, los enfermos crónicos podrían escoger sus tratamientos terapéuticos y los consejos parroquiales -el escalón más bajo de autoridad local- tendrían competencias sobre aparcamientos, parques y restricciones de tráfico.

La idea es que agentes municipales controlarían cómo las personas gastan el presupuesto para asegurar que no cometen abusos, explicaba el rotativo.

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