Cultura

La Alhambra, en el centro de la polémica

  • Al debate sobre el estatuto jurídico del conjunto le siguió una enorme contestación social

La decisión de la Junta de incluir La Alhambra en la Agencia Pública de Instituciones Culturales de Andalucía suscitó recelos desde un primer momento. El nuevo modelo de gestión anunciado por Plata tuvo una enorme contestación social y recibió severas críticas del Ayuntamiento granadino, que siempre manifestó que esta fórmula restaría independencia al Patronato. En la misma línea se posicionaron IU y el sindicato CCOO, que además lamentaron la "falta de rumbo" de la Junta en la gestión del conjunto nazarí, ya que sólo un par de meses antes la Junta había anunciado la conversión del Patronato en una Agencia de Régimen Especial.

¿Por qué ahora Cultura planteaba la nueva estructura? Ante la incertidumbre, Plata se apresuró a garantizar que el modelo de gestión cultural que quería poner en marcha no afectaría a la autonomía, presupuesto y rango administrativo de La Alhambra. Llegó incluso a organizar un encuentro en el Palacio de Carlos V para dejar claro que la intención de la administración autonómica en lo relativo al conjunto monumental era beneficiarlo y no produciría ningún "perjuicio". "El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, me ha trasladado que La Alhambra es Granada y se va a seguir llevando desde Granada, desde el Patronato que ya funciona", indicó Plata entonces. Incluso la directora del mismo, Mar Villafranca, avaló sus afirmaciones, considerando que el nuevo modelo era una "fórmula" que permitiría adaptar los fines del Patronato a las "nuevas circunstancias" económicas.

Finalmente, el consejero de Cultura decidió dar marcha atrás alegando que su propuesta no había sido bien entendida y que debía abrirse un periodo de debate. "Lo que queremos es hacer cosas que los ciudadanos aprecien y entiendan, y cuando hay algo que los ciudadanos no entienden lo mejor es explicarlo", adujo. El debate, por tanto, sigue abierto. En especial, porque la aplicación de la nueva Ley de Administración de la Junta (LAJA) va a obligar a modificar la fórmula jurídica de La Alhambra al recoger la extinción de los organismos autónomos.

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