Se cumplen 2 años de un mandato complejo para los ayuntamientos. Por más que la propaganda del gobierno se empeñe en decirnos que ya hemos salido de la crisis, la dura realidad es que para decenas de miles de familias granadinas, lo que ha hecho la crisis ha sido cronificarse. La ciudadanía, ante la falta de expectativas laborales, acude a la representación más cercana que tiene del estado: su ayuntamiento. Y ahí empieza el grave dilema en el que se encuentran los alcaldes de izquierdas.

En las elecciones municipales de 2015, Izquierda Unida en Granada recibió el importante mandato de gobernar en una docena de municipios de la provincia. Nuestros alcaldes y alcaldesas emprendieron la tarea con tres compromisos básicos: el primero gobernar desde la transparencia y participación; el segundo prestar atención preferente a las víctimas de la crisis y el tercero asumir desde los ayuntamientos el papel de dinamizador de la economía y generación de empleo. Una iniciativa que ni el sector privado parece capaz de tomar ni otros niveles de gobierno, con mucha mayor capacidad competencial y financiera, tienen voluntad de asumir. Como si el paro no fuera con ellos.

La práctica de hacer públicas las cuentas, de celebrar asambleas vecinales informativas, referendos vinculantes para decidir inversiones de calado o de abrir a la participación espacios tan sensibles como la regulación de las bolsas de empleo, se ha ido abriendo camino en muchos de los ayuntamientos gobernados por IU, empezando por Dehesas Viejas, Moraleda, Salar o Píñar, aunque el punto de partida en nuestra sociedad es tan atrasado, que aun queda mucho por hacer. Por eso son tan importantes iniciativas como la dinamización juvenil en Gabias, donde un concejal de juventud, también joven, deja todo el protagonismo, la organización de las actividades y la dirección de los espacios a los jóvenes del municipio. Están aprendiendo algo muy importante: que son los soberanos de su institución municipal.

Pero sin duda, es la atención social de emergencia lo que devora el día a día de los gobiernos: familias que no pueden pagar la luz, que temen perder la casa, que no pueden comprar material escolar o alimentar adecuadamente a sus hijos… y todo por falta de empleo. Por eso, los ayuntamientos, además de pelear con las otras administraciones para que presten atención a las verdaderas emergencias sociales, han tenido que echarse para adelante y buscar recursos de donde no los había. Sin duda el mejor ejemplo lo ha dado en este sentido el ayuntamiento de Zújar, que ha asumido rápidamente la emergencia de las familias afectadas por el destrozo de sus viviendas al desplomarse parte de la Alcazaba, un bien de interés cultural del que ninguna administración parece acordarse.

Una de las medidas más importantes que ha caracterizado estos años ha sido la puesta en funcionamiento de bolsas de empleo igualitarias y transparentes. Claramente reguladas, para garantizar que todas las personas paradas, en función de sus circunstancias sociales, puedan beneficiarse del empleo público que se genera en los municipios. Esto, que parece tan evidente, ha venido a sustituir la práctica caciquil de repartir el empleo entre los amigos (léase votantes) y el paro entre los enemigos (léase no votantes) que practican hoy en Andalucía muchos alcaldes de los partidos del régimen con la misma soltura que se practicaba hace cien años. En la Andalucía rural se sigue comerciando con votos y hambre. Eso también ha venido a romperlo IU allá donde gobierna.

Nuestro verdadero reto era, como antes indicaba, dinamizar la economía local desde los gobiernos. No es poca cosa. Cada ayuntamiento ha tenido que analizar su realidad e identificar las oportunidades de desarrollo. Se puede hacer impulsando el aprovechamiento de las plantas aromáticas o la instalación de una planta de transformación de productos hortofrutícolas como en Cullar. Pero también desarrollando el turismo de interior como perfectamente ejemplifican los centros de interpretación de los primeros pobladores de Europa de Orce o la villa romana de Salar. A veces es algo tan obvio, pero tan abandonado, como recuperar los caminos rurales que permiten acceder a las fincas a la par que impulsar el senderismo y el turismo rural, como se está haciendo en Monachil y en Trevélez.

Esta defensa de la capacidad de los entes públicos para mejorar nuestra economía y para gestionar bien, se traslada a la recuperación de servicios públicos como la ayuda a domicilio o las colonias urbanas en Albolote, a la par que en todos los municipios gobernados por IU se cierra la puerta a cualquier intento de privatización y se prepara el terreno para el futuro rescate de lo que otros vendieron al mejor postor. Recuperación también de patrimonio para el uso público, cuyo mejor emblema es el Castillo de Láchar, que ya está siendo transformado en motor económico del pueblo y espacio público para todos sus vecinos y vecinas.

Los ayuntamientos son, quizá detrás de las familias y de la escuela, los agentes más importantes para generar una sociedad igualitaria. Me llama especialmente la atención la reflexión de un alcalde extremadamente joven, el de Píñar, que a sus 27 años manifiesta que de lo que se siente más orgulloso es de haber logrado que en un municipio eminentemente rural, como el suyo, su ayuntamiento haya dado más empleo a mujeres que a hombres, entre los más de 500 contratos que se han hecho en este tiempo. Muestra del impacto que una concepción transversal del feminismo puede tener en política.

Porque gobernar es, ante todo, ser consciente de la responsabilidad de determinar las condiciones de las futuras generaciones con nuestros actos. “No hay nada más hermoso que saber que mi pueblo tendrá ya siempre una biblioteca hecha en el tiempo que yo era alcalde”, me decía el de Deifontes. Importa lo que queda para el futuro. Ese es el mérito y la visión que caracterizan el “milagro laico” de Víznar, que mantiene toda su naturaleza de pueblo de baja montaña a tan sólo 5 minutos de Granada y al pie de la A92. Simplemente porque los sucesivos alcaldes de IU se han negado, con el respaldo unánime de sus vecinos, a autorizar ninguna de las múltiples operaciones de especulación urbanística que se les han ofrecido. No se han hecho ricos, pero todos los granadinos tenemos la riqueza de ese municipio, tal cual está.

No obstante, no han sido años fáciles. Nos hemos encontrado con ayuntamientos en quiebra técnica, prácticamente saqueados (Otura, Láchar, Albolote…), con alcaldes que gastaban en dietas más que si tuvieran una nómina, como el de Trevélez, mientras otros han estado pasando facturas de gastos suntuarios con dinero público, como el de Láchar. Ha habido que aplicar medidas drásticas: una austeridad basada en el ejemplo de reducir los cargos de confianza, las nóminas de los concejales y los gastos de representación y las dietas. Una práctica de pedir a los funcionarios que tomen la iniciativa y saquen adelante cosas que antes se contrataban y pagaban a empresas externas… conocidas. Y todo con la ley Montoro encima, recortando competencias y financiación a los municipios merced a una ley hecha a la medida de los intereses privatizadores del Partido Popular. Pero lo hemos conseguido. Otura ha conseguido evitar el colapso pese a los 23 millones de endeudamiento de los alcaldes populares, mientras Armilla, que era un caso escandaloso, ha reducido su tiempo de pago a proveedores, que eran decenas de pequeñas empresas locales entrampadas por falta de pago de su ayuntamiento, por poner tan sólo dos ejemplos.

Tampoco la falta de compromiso y de impulso por parte de la Junta de Andalucía ayuda. Son demasiados plazos atrasados, compromisos incumplidos y necesidades sin resolver, como la del nuevo Colegio de Vegas del Genil, por el que llevamos peleando casi una década y la Consejería de Educación, cuando no pone una excusa pone otra… aunque no me cabe duda de que con la tenacidad de nuestros concejales será una realidad en este mandato.

Y es que para casi todo, los ayuntamientos son dependientes de otras administraciones. Una de las muchas asignaturas pendientes de la democracia española, es reconocer que los ayuntamientos son Estado (que lo son por norma constitucional) y, en consecuencia, otorgarles el trato que merecen. Empezando por una financiación digna y acabar con tanta tutela y tantas competencias derivadas y sustraídas. Desde Izquierda Unida reclamamos ayuntamientos soberanos y con capacidad de acción. No nos cabe duda que la mayoría social recibiría mucha mejor atención si una institución anacrónica e ineficiente como la Diputación, fuese desmontada y sus trabajadores distribuidos por los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (que es a quienes se deben) para impulsar en ellos las políticas de cultura, deporte, igualdad, educación, medio ambiente, desarrollo local, etc. Que las diputaciones son una institución obsoleta lo saben hasta quienes defienden lo contrario por mantener parcelas de poder a costa del pueblo.

Mientras este debate se abre paso, seguiremos peleando por mejores condiciones y competencias municipales para convertir los pueblos y ciudades de Andalucía en escuelas de democracia directa y en núcleos de creación de otro modelo económico, al servicio del bien común y no del enriquecimiento privado.