HA tenido que producirse el horrible crimen de la pequeña Mari Luz Cortés, con la libertad de su presunto asesino, pese a sentencias que, al parecer, nadie conocía, para que el Gobierno haya caído en la cuenta de la situación tercermundista en que se encuentra la Administración de Justicia en España y la Administración pública, en general. Los graves errores cometidos y que serán sancionados puntualmente no pueden ocultar la realidad: lo que falla es el sistema en su totalidad. Una Justicia lenta, con juzgados saturados, con múltiples carencias de personal y medios técnicos -que no les falta, por cierto, el Ministerio de Hacienda, para recaudar a cualquier precio los impuestos más desmedidos y muchas veces injustificados- es una forma de mantener la inseguridad de la gente, cuando han de enfrentarse a problemas de su integridad personal, a las discrepancias entre ellos o a los recursos infinitos que han de emprender contra los atropellos de las Administraciones públicas, que colapsan los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Administraciones que son, en muchas ocasiones, el mayor enemigo público de los ciudadanos, en vez de sus servidores y colaboradores. Ahí están las que se refieren a los 'errores' -por llamarlos suavemente- de organismos de la Seguridad Social, capaces de exigir deudas inexistentes, suponiendo, por ejemplo, que un señor, desde el momento que recurre al Supremo exigiendo la recuperación de unos derechos, se convierte automáticamente en deudor, sin esperar a que la sentencia le sea favorable al reclamante. Es como si al que juega un boleto del euromillón le cobrase Hacienda, antes de celebrarse el sorteo, los impuestos de los 47 millones que podrían tocarle. Cosas tan kafkianas como ésta a la que aludo, con conocimiento de causa, llenan las salas de Justicia de recursos, en tribunales ordinarios o contencioso-administrativos contra la vieja y atrabiliaria Administración Pública. La misma que pone multas de tráfico a un ciego que no tiene coche o la que provoca no menos retrasos kafkianos en dilucidar la enfermedad de un señor o señora que espera una cita que, en no pocos casos, llega cuando la persona ya ha muerto. Por cierto que, a lo peor -y dependiendo del lugar-, no figura siquiera entre la nómina de fallecidos, a causa de la huelga de los funcionarios de Justicia, a la que el Ministerio correspondiente ha hecho caso omiso hasta que se desbordaban los papeles en los juzgados y en los organismos administradores de esa Justicia, tildada, con razón, de 'cachondeo', no por las decisiones -discutibles, a veces, como toda acción humana- de jueces y Tribunales diversos, sino porque los medios con que cuenta este servicio vital en un Estado de Derecho son esperpénticos.

No sé si el asunto de la caótica situación de la Justicia en España se reducirá a unos cuantos expedientes administrativos o a la discusión del reparto de influencias en el Consejo General del Poder Judicial, olvidando, enseguida, el quid de la cuestión, que es el funcionamiento de este estamento fundamental. Cuando se pase el 'efecto Mari Luz' volveremos a los parches y al olvido En los treinta años de democracia, la Administración de Justicia, como la reforma de la Administración Pública, en general -la del vuelva usted mañana, la del laberinto burocrático, la del ineficaz servicio a la sociedad-, sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Los españoles estamos inseguros ante las diversas Administraciones y la gente se siente amedrentada en una sociedad, 'presuntamente' avanzada y democrática, donde los Gobiernos ponen más énfasis en reclamar sus deberes que en defender sus derechos.