Incapaz de evitar el protagonismo, la primera instructora del caso de los ERE ha dicho en Valencia que duda de la imparcialidad de los jueces del TSJA en un eventual recurso de los acusados. Ha mandado a los albañiles a sus colegas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, incluido su presidente. Mercedes Alaya tiene una "incertidumbre fea" sobre su posible proceder, dado que en parte han sido nombrados por el Parlamento de Andalucía.

Si se analiza bien, es una nueva versión de la doctrina Pacheco. Toda la justicia española sería un cachondeo, porque los miembros del CGPJ designados por Congreso y Senado nombran a jueces del Supremo y presidentes de audiencias o de tribunales superiores. Esta turbia visión de la justicia parece una defensa preventiva ante posibles fallos absolutorios. La juez Alaya patina, además, porque será el Supremo quien ventile posibles recursos. Pero, sobre todo, con el juicio abierto mejor haría en mantener una apariencia de neutralidad.

Más allá de esta interferencia, coincido con el parecer de muchos artículos publicados sobre el caso: Chaves y Griñán son personas honestas que no se han beneficiado en lo personal de este gran fraude administrativo, pero tienen una indudable responsabilidad política por el clientelismo ejercido desde la Junta y desde su partido durante sus mandatos. La foto del banquillo del juicio no sólo retrata el virreinato andaluz con eterna bandera del PSOE, sino muchas otras circunstancias, más allá del fraude o la corrupción que se juzgan.

Cinco ejemplos. 1. El dinero escamoteado no llovía del cielo; venía de la Unión Europea. Sobraban recursos del generoso Fondo Social Europeo para la región con más paro de la UE: desde 1986 ha llegado a Andalucía un billón de pesetas de este programa. Probablemente, más capital del que se podía gestionar con eficacia. Y cuando el dinero abunda, se malgasta.

2. El pluriempleo de los jefes políticos facilita su falta de vigilancia. Es casi imposible gobernar con diligencia una región de ocho millones y medio de habitantes y, en simultáneo, conducir el partido en el poder, con los intereses cruzados y tensiones que eso genera. 3. El clientelismo de los ERE parece más obra de facciones del PSOE para consolidar su hegemonía interna en determinadas comarcas muy concretas, que producto de una banda organizada desde la administración. 4. Los acuerdos de concertación económica y social firmados por sindicatos y patronal han dejado en evidencia a ambos.

Y 5. En este banquillo no están todos los que son, porque la presunta trama interna del partido ha salido indemne. Ni son todos los que están; la sentencia dirá si una mayoría merecía haber evitado el escarnio. La técnica de Alaya de imputar a centenares de personas ha perjudicado a mucho inocente, desinculpado tras su marcha de la instrucción. Y eso, por decirlo con sus propias palabras, produjo una incertidumbre fea.

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