PASARÁ mucho tiempo antes de que el Parlamento de Andalucía ponga en marcha una comisión de investigación sobre un asunto de interés general. Pasará mucho más antes de que los andaluces lleguen a pensar que una comisión investigadora sirve para algo.

Ésa es la triste conclusión a la que obliga el fracaso de la comisión sobre los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y las ayudas irregulares a empresas en crisis gestionados por la Junta de Andalucía durante los primeros diez años del siglo XXI. Una comisión fracasada que no ha tenido ni eso mismo, conclusiones, que es lo mínimo que se esperaba de los comisionados.

Fracasada por el extremado partidismo que impregna toda la vida política andaluza. Aquí no se puede imaginar siquiera la posibilidad de una comisión de independientes que emita un dictamen objetivo sobre un caso de mala gobernanza o de corrupción pura y dura ni -menos aún- la posibilidad de una comisión de diputados cuyos integrantes se despojen, en aras de la verdad que debiera perseguirse, de la camiseta del grupo parlamentario al que cada cual libremente pertenece. Una especie de paréntesis en el sectarismo que dure mientras duren los trabajos encomendados, y no hace falta ni un minuto más. Esto no da más de sí.

Ha habido, ciertamente, grados de seriedad en el desarrollo de la comisión. Quien más en serio se la tomó fue, creo yo, el presidente de la misma, el diputado gaditano Ignacio García, que impulsó decididamente los trabajos de indagación del escándalo y fue capaz de elaborar un proyecto de dictamen que al menos contenía un relato coherente de lo ocurrido con el desvío irregular del dinero público. Se puede cuestionar si su grupo (IU) no había decidido previamente exculpar a los dos presidentes de la Junta que han estado en la cúpula política durante la actividad de la trama corrupta, Manuel Chaves y José A. Griñán. Pero lo que es indudable es que los otros dos grupos parlamentarios sí habían dictado desde el principio sus propias conclusiones y no pensaban moverse de ahí: el PSOE, reduciendo el escándalo al golfo oficial del caso, el ex director general de Empleo, y al interventor general de la Junta, que avisó sólo quince veces de las irregularidades pero sin la suficiente contundencia; el PP, empecinado en condenar a Chaves y Griñán hasta el punto de votar contra la atribución de responsabilidad política nada menos que a dos consejeros del Gobierno andaluz. O todos o ninguno, se dijeron los populares. Y no les ha importado quedarse sin ninguno.

Estos líderes políticos que hemos elegido hace ocho meses son de lo que no hay. Y esto es lo que hay.