COMO consecuencia del aún no completamente aclarado crimen de la adolescente sevillana, cuya noticia ha inundado periódicos, televisiones, estaciones de radios, páginas de internet, se ha constituido una plataforma que agrupa a familiares, amigos, conocidos de la menor, pidiendo la instauración de la cadena perpetua entre las sanciones del Código Penal en España. El pasado fin de semana, los miembros de esta plataforma convocaron incluso una manifestación en Madrid para pedir un referéndum popular sobre esta medida. Y el padre de la adolescente presuntamente asesinada, que será recibido en estos días por el presidente del Gobierno, le ha solicitado a Zapatero que "escuche al pueblo" y atienda sus demandas.

Podemos entender el dolor, la cólera, la vehemencia del padre, de la madre, de los familiares de la adolescente; pero esto no supone que debamos estar de acuerdo con sus exigencias. Tampoco resulta demasiado entendible el excesivo protagonismo, muy próximo al sensacionalismo y a la demagogia, que los medios de comunicación están otorgando a los familiares cercanos de las víctimas de este tipo de asesinatos. La irresponsabilidad de los medios de comunicación está convirtiendo a estas vulnerables personas en especie de jueces paralelos. Seres que, muchas veces sin poseer todos los elementos de los hechos, juzgan anticipadamente y condenan. No desde la objetividad y el raciocinio, sino, como por otra parte resulta lógico, desde el aplastante y reciente dolor que ha supuesto la pérdida de su familiar querido. Estos juicios emotivos, que nada tienen que ver con la justicia, condicionan, sin duda, la opinión pública. El sufrimiento, la indignación, la rabia, no son razones de peso suficiente para que alguien se constituya en el portavoz autorizado para la exigencia de determinadas sanciones legales. Menos, si se trata de demandar la cadena perpetua, medida que supone no sólo un cambio en el modo de concebir la justicia, sino, también, una cuestión de principios, que atañe a la moral, a la ética de una sociedad.

Coincido con el Defensor Andaluz del Menor, quien se muestra de acuerdo con exigir un cumplimiento más estricto de las penas en los casos de asesinato, pero que también se manifiesta en contra de la cadena perpetua. Como él mismo dice, la del endurecimiento de las penas, es una reflexión que es necesario hacer desde la serenidad. Y es que, como todos observamos cuando estamos serenos, el principal problema de las leyes en España no suele consistir en que no existan, sino en que, a menudo, no se cumplen.