Palabra en el tiempo

Alejandro V. García

Campus

LA expropiación de los terrenos del Campus de la Salud se hizo mal, rematadamente mal, y por eso ahora el Ayuntamiento está obligado a pagar un dineral a algunos a los dueños de los solares que recurrieron a los tribunales por entender que habían sido víctimas de un proceso especulativo alentado por el gobierno municipal presidido entonces por Gabriel Díaz Berbel. No fue un error de apreciación ni una apuesta equivocada, no, sino un procedimiento de incautación meticulosamente planificado por los responsables del Urbanismo municipal y, por tanto, conscientes del riesgo en que incurrían.

¿Hizo la Junta todo lo que pudo? Según la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, no, fue demasiado complaciente. Se olvida la concejal de que la sentencia señala un único responsable, el Ayuntamiento de Granada, que alteró las fases del procedimiento administrativo (primero se hizo la expropiación de los suelo de Vega y después, una vez asegurada la propiedad, la recalificación) con el propósito de lograr plusvalías. Además, parte de los terrenos se dedicó a otros usos de los estipulados. En definitiva, un desastre que ahora tendrá que compensar el Ayuntamiento, en dinero o en especie, pero a costa del patrimonio común o de presupuestos espartanos con una disminución sensible de las inversiones.

El alcalde, José Torres Hurtado, y su equipo de gobierno sabían lo que se les venía encima desde 2007, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la sentencia que ahora ha sido confirmada en toda su extensión por el Supremo. A falta de un cálculo exacto, el PSOE baraja que la irregular expropiación del Campus costará 18 millones de euros, una cifra muy superior a la de otro error histórico del Ayuntamiento de Granada durante el mandato de Antonio Jara: el silencio administrativo en los terrenos anejos a la plaza de toros. Con una salvedad: aquél no fue producto de una decisión política sino de una omisión administrativa nunca aclarada.

Es anacrónico (e inútil) pedir responsabilidades políticas a los responsables del Ayuntamiento de entonces, aunque la expropiación del Campus debe constar con toda gravedad en sus currículos. Y también injusto hacerlas recaer sobre el actual equipo de gobierno por la única razón de que son del mismo color político. Entre el gobierno de Díaz Berbel y el de Torres Hurtado pasó también el de José Mortalla. Es alucinante que la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, trate ahora de exculpar a la institución condenada, menos por repartir la responsabilidad política que por el alto coste de las indemnizaciones.

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