En los últimos días venimos viendo cómo algunos de los líderes del independentismo de Cataluña han de ir compareciendo ante los jueces del Tribunal Supremo, acusados por la Fiscalía de distintos delitos, referidos o relacionados todos a la sistemática desobediencia que a las leyes de la nación española -a la que, aunque no les guste, pertenecen y van a pertenecer por muchísimo tiempo más- vienen realizando muchos de ellos, en su acción -presuntamente filodelictiva- para alcanzar, por los medios que sean y que puedan tener a su alcance -y a veces también los que no- la independencia de Cataluña respecto del resto de España.

En el Parlamento de aquella comunidad autónoma llevan bastante tiempo entretenidos en tejer el modo y las formas para alcanzar lo que, eufemísticamente, han dado en llamar la "desconexión", abandonando, casi, la labor legislativa y de natural desarrollo y ejercicio político para la -como dicen en Europa- gobernanza de una parte, aquella parte, de la sociedad española, necesitada sin duda de dirigentes que planifiquen con la cordura conveniente los medios y el marco en el que pueda desarrollarse, con la naturalidad deseable y recomendable, la vida diaria de ciudadanos que no tienen como principal preocupación esa "desconexión" del resto del Estado, pues de éste siguen allegándose -como se demuestra ampliamente en el devenir diario- los medios para que aquella parte, importante parte, de la sociedad española, pueda seguir disfrutando de los servicios básicos que, por ley, han de prestar las administraciones públicas.

Ya hemos visto que, periódicamente, algún destacado miembro del Gobierno de la comunidad catalana visita a altos dirigentes de la administración del Estado, en Madrid, para pedir, incluso, que se les adelanten entregas de cantidades de dinero, a cuenta de las transferencias del Estado, para poder atender los pagos de aquellos servicios que ellos mismos, sin rubor alguno, parecen dejar que se presten, sin más control que el de la responsabilidad de los propios funcionarios, pues el poder político, ya hemos visto y seguimos viendo, está empeñado en otros esfuerzos para llegar, seguro, a ninguna parte. Pero en momentos de desesperación, por ineficaz administración, sí se acude al Estado ¿verdad?

Decíamos al principio de estas líneas que en estos últimos días estamos viendo a algunas famosas personalidades de la política independentista catalana acudir a requerimiento del Tribunal Supremo, que, concretamente anda ventilando -creemos que se dice así en lenguaje jurídico y parece muy adecuado para el caso- lo que se refiere a la convocatoria e irregular celebración del referéndum de juguete y de guiñol que el "travieso" Gobierno de la Generalitat convocó y realizó, fuera de lugar y de ley. Los dos dirigentes que en mente tenemos, involucrados -según propia y respectiva declaración- en este asunto, los señores Homs y Mas, de forma más o menos velada, ya han advertido que, caso de que se les condenase, temblarían los cimientos del Estado Español, sería el principio del fin de éste y que desconocen la posible reacción de la sociedad catalana, nada menos! ¿Se trata de chulería? No, sólo es una desesperada huida hacia no saben dónde, internándose, por momentos -e internando también a Cataluña, injustamente- en un escenario sin norte, onírico e irreal, fruto de sus respectivas -y al parecer, contagiosas- paranoias, esas que deseamos no lleguen nunca a ser irreversibles. ¿O no?