La trama del Partido Popular es claramente la de una película de serie B: los sobres de dinero B para sobresueldos y para pagar campañas electorales, el pago de la reforma de la sede central en B, las tarjetas Black de Caja Madrid, y ahora los títulos académicos obtenidos en B en la Universidad Rey Juan Carlos. Es curioso el nombre de este centro académico tan vinculado al PP madrileño, pues en la familia real también conocen de dinero B, aunque la infanta no supiera lo que firmaba y llevemos años esperando a que el yerno y ahora cuñado pise por fin la cárcel…

Y, como no podía faltar en un guión de serie B, asistimos también a un espectáculo cuyos protagonistas, como si fueran los matones de la clase, se dedican a amenazar a quienes informan y denuncian. Así, Cristina Cifuentes, al igual que hiciera su predecesor, el imputado Ignacio González, pretende denunciar a eldiario.es aunque ella, fiel a su estilo, ha subido el nivel y reclama cárcel contra Raquel Ejerique, la periodista que ha investigado y publicado con un rigor envidiable su supuesto «título en B», y contra el director del periódico, Ignacio Escolar, quien desde que lo fundó no ha parado de hurgar en la corrupción del PP y del resto.

Curiosamente en el folletín de serie B del PP granadino parece que se repite el modus operandi. En los casos de corrupción municipales tenemos casi todos los elementos del guión: dinero que quizás haya ido a parar a sobres en B, la sede local alquilada a un constructor imputado, extrañas facturas ¿en B? en la televisión municipal, y personal directivo de los cementerios que al parecer trabajaba en B en otro lado porque los vieron menos en las oficinas de EMUCESA que a Cristina Cifuentes en las clases de la Universidad Rey Juan Carlos.

Y, como colofón, las amenazas. Aunque imagino que presionarán en privado, todavía no se han atrevido públicamente con los medios de comunicación locales, que como Granada Hoy señalan la corrupción del PP. Pero Juan Antonio Fuentes (sin «Ci» delante, que nadie se equivoque), el concejal responsable de las facturas de TG7, sí que siguió el argumentario del PP y amenazó en el Pleno del pasado martes con denunciar a Marta Gutiérrez de Vamos, Granada, que es la concejala que le ha llevado al juzgado. Es posible que denuncie en B, pero como las amenazas al igual que los insultos califican mejor a quien los profiere que al amenazado (amenazada en este caso), lo que indica su enfado con las investigaciones es que quizás tenga algo Black que esconder.