Los queridos lectores y las queridas lectoras que vienen a esta columna cada semana saben que suelo escribir de asuntos que atañen a la ciudad en la que vivo; sin embargo, hace décadas que los límites de nuestra Granada han sobrepasado con creces los del término municipal, y por lo tanto no tiene sentido hablar de la ciudad central sin considerar la periferia y viceversa.

Bien, pues nuestro archipiélago metropolitano -como diría el urbanista veneciano Francesco Indovina- está surcado por naufragios que por su escala han marcado el devenir del sistema territorial en su conjunto.

Uno de estos desastres es el caso Medina-Elvira Golf, una urbanización fantasma en un espacio de alto valor ambiental junto al Cubillas, con unas 3.500 viviendas vacías y una superficie total de 120 hectáreas, incluyendo un campo de golf también abandonado.

Fue uno de los mayores pelotazos urbanísticos: el Ayuntamiento de Atarfe, gobernado por Víctor Sánchez (del mucho PSOE), vendió suelo a 33 euros/m², y Maximiliano Balboa, el promotor que lo compró, lo colocó a 1.080 euros/m² en pocos días. Es uno de los pufos más grandes de la burbuja inmobiliaria granadina, pues ha arruinado a cientos de familias. Algunas siguen pagando hipotecas de 1.500 euros por unas viviendas que nunca podrán habitar, al propio Ayuntamiento de Atarfe, amenazado por una losa de 1.000 millones de euros, y a muchos empresarios, como el dueño del restaurante del campo de golf, que se quitó la vida cuando otros se la arruinaron.

Ante tanta desfachatez, Salvemos la Vega, Adobe, Ecologistas en Acción y vecinos y vecinas de Atarfe, llevan más de una década denunciando estos hechos. En las últimas elecciones, quienes más habían peleado contra esta ruina ganaron la alcaldía, por lo que se hizo justicia democrática; sin embargo, los juzgados granadinos ni siquiera han sentado en el banquillo al alcalde responsable, y han absuelto al resto de los acusados.

Ante las dudas razonables respecto al proceso judicial, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso que busca repetirlo. El pasado jueves asistí a la vista oral y me quedé de piedra cuando el abogado del promotor se marcó un Cifuentes, es decir, despreció el informe que un servidor, profesor de Urbanismo en la UGR, había elaborado hace una década para el Seprona, alegando que no servía porque era para la Guardia Civil. Una coincidencia que señala la desesperación de los responsables de estos naufragios, y explica la indignación ciudadana frente a la corrupción, que en Granada ha sido mucho más importante de lo que nos han hecho creer. Lo verán en los próximos meses.