LA crisis iniciada en 2007 ha puesto en evidencia que debe cambiar la manera de gobernar las ciudades, que debe establecerse una nueva de relación del gobierno local con la ciudadanía, que se denomina gobernanza democrática. La ciudadanía debe dejar de ser considerada como cliente de unos servicios para pasar a ser copartícipe en el devenir de la ciudad.

En un libro de reciente aparición titulado El papel de la ciudadanía en el auge y decadencia de las ciudades analizo, a partir de la toma en consideración de las estrategias de más de cien ciudades, que las ciudades que efectivamente progresan, incluso en las condiciones más adversas, cuentan con un sector privado, y en especial una ciudadanía activa y comprometida con su ciudad. En estas ciudades, que avanzan, se crea una configuración cultural en la ciudadanía caracterizada por: un fuerte sentimiento de pertenencia a la ciudad en la que se vive; consideran que la ciudad y ellos mismos pueden prosperar; tienen confianza en que el futuro será mejor que el presente; y lo más importante, consideran a la propia ciudadanía el principal protagonista de la ciudad y de su futuro.

Por el contrario, las ciudades en decadencia carecen de un proyecto o una estrategia compartida entre los principales actores económicos y sociales sobre el futuro de la ciudad; la mayoría de la ciudadanía es pesimista sobre las posibilidades de futuro; y lo más importante, no se considera la ciudadanía con un papel protagonista en el futuro de su ciudad. Este protagonismo se lo atribuye la ciudadanía, a las administraciones públicas hacia las que procesan un sentimiento importante de desafección política.

Ante la actual crisis de las haciendas locales, los ayuntamientos españoles surgidos de las recientes elecciones municipales deberán sanear sus cuentas. La mayoría de ellos harán recortes de gastos e inversiones, y subidas de impuestos decididas en los despachos municipales, y posteriormente intentarán explicarlos a la ciudadanía. La reacción ciudadana será en el mejor de los casos de indignación y en el peor de resignación, y en ambas situaciones se incrementará, aún más, la desafección política, y los ayuntamientos perderán legitimidad y peso específico ante la opinión pública.

El resultado será una fuerte decadencia de las ciudades, una pérdida de su competitividad económica y de su cohesión social. Los ayuntamientos que consideren que su papel es incidir en su ciudad a través de producir y gestionar servicios financiados con fondos públicos para unos ciudadanos-clientes entrarán en un gran declive.

Gobernar hoy las ciudades exige un reconocimiento de que los ayuntamientos necesitan a los actores económicos y sociales, y a los distintos sectores de la ciudadanía para hacer las cosas, ya que no pueden, ni deben, hacerlas solos; y articular los recursos públicos con los de los sectores empresariales, y el tercer sector no lucrativo, por ello es necesario priorizar el gasto público de manera compartida, y no impositiva. También exige crear un amplio espacio de encuentro y de participación entre el gobierno local y la ciudadanía, para que ésta pueda corresponsabilizarse de manera activa en el hacer ciudad.

Gobernar la ciudad significa que el ayuntamiento ejerza a fondo su papel como institución democrática: fortaleciendo los valores y los procedimientos para regular con objetividad, equidad, sencillez y transparencia, y de este modo generar confianza para que las empresas, y las entidades puedan actuar adecuadamente, ésta es la principal tarea que corresponde y saben hacer bien los funcionarios, y no gestionar servicios que para ello existen las empresas y el tercer sector. También es necesario que el alcalde o alcaldesa asuma a fondo su papel político como representante de la ciudadanía, y organice el interés general en todos los proyectos de la ciudad, a partir de la articulación de los intereses legítimos de todos los sectores económicos y sociales de la ciudadanía implicados en los mismos.

Los gobiernos locales que gestionarán con éxito sus ciudades son aquellos que entiendan, y sepan articular en sus políticas, que la principal ventaja competitiva para el desarrollo económico y social de una ciudad es su capacidad de cooperar entre el sector público y privado, y de responsabilizar a la ciudadanía en el hacer ciudad.