Editorial

Dignidad en la muerte

DESPUÉS de ser mejorado el texto inicial por el Consejo Consultivo de Andalucía, el Gobierno autonómico acordó el pasado martes remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Muerte Digna, el primero de estas características que se impulsa en una comunidad autónoma. Es de destacar, en primer lugar, que el debate sobre la inclusión o no de este nuevo derecho social en la legislación andaluza fue uno de los obstáculos más importantes durante la negociación del Estatuto de Autonomía entre PSOE y PP. Finalmente, se aprobó una redacción garantista y prudente que satisfizo a los populares. Por tanto, la aprobación de ahora supone transformar en ley uno de los contenidos del nuevo Estatuto. En segundo lugar, el derecho a la muerte digna no debe confundirse con la eutanasia activa o la ayuda al suicidio, dos prácticas de fuerte perfil polémico que, de hecho, están sancionadas en el Código Penal vigente, es decir, no tienen cabida en una norma autonómica como la comentada. De forma resumida, el proyecto de la Junta consagra el derecho de la persona en proceso de muerte a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, aunque ello pueda poner en peligro su vida; el derecho de un paciente en situación terminal a recibir la sedación paliativa que precise para reducir su sufrimiento, y al derecho a que no se produzca en su caso el encarnizamiento terapéutico que en ocasiones se vive en los hospitales, sean públicos o privados. Paralelamente, los profesionales implicados en la atención al enfermo serán obligados a respetar las creencias y preferencias de éste, absteniéndose de imponerle las propias. Precisamente en este punto puede centrarse la divergencia apuntada por el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien ha subrayado la necesidad de conciliar los derechos de los enfermos, sus familiares y los médicos y demás sanitarios. La norma que salga del trámite parlamentario habrá de ser integradora y consensuada, a la vez que nítida en sus prescripciones, por tratarse de una ley que gira en torno a la enfermedad grave, la muerte y las convicciones de las personas. Descartada la eutanasia, no debería haber inconvenientes de mayor alcance para que la Ley de Muerte Digna sea a medio plazo una realidad que ayude a morir con sosiego y dignidad a las personas que, informadas y conscientes, decidan que no pueden seguir viviendo en sus condiciones.

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