LA huelga general celebrada ayer en España por iniciativa de los dos sindicatos mayoritarios no consiguió su propósito de paralizar el país y tampoco logrará su objetivo final de obligar al Gobierno a rectificar la reforma laboral que flexibiliza el mercado de trabajo, facilita y abarata el despido. Las centrales convocantes lograron parar la actividad industrial, la construcción y los mercados mayoristas, pero fracasaron en sectores tan decisivos socialmente como el transporte, la sanidad, la educación y la función pública. La movilización tuvo una apariencia mayor por la acción de los piquetes sindicales que, lejos de proporcionar una información que no hacía ninguna falta, amenazaron y coaccionaron a muchos trabajadores que se vieron impedidos, pese al despliegue policial, de ejercer su derecho a no secundar la huelga y acudir a sus puestos. Su actuación hace más perentoria la necesidad de una regulación del derecho a la huelga que ya estaba prevista en la Constitución de 1978. CCOO y UGT han querido hacer una demostración de fuerza, aunque conviene subrayar que no habían llamado a la huelga mientras el paro hacía estragos en las familias españolas, especialmente entre los jóvenes y los mayores de 50 años y la economía española entraba en una crisis que la ha llevado al borde de la quiebra y la insolvencia internacional. Sólo se decidieron a convocarla cuando se puso en cuestión su propio papel en el entramado institucional y social, después de años de inacción y complicidad con el Gobierno. La huelga general llega, así, tarde, en el momento en que el Ejecutivo ha tenido que rectificar la política económica para reducir el déficit público y suavizar el endeudamiento exterior cuyo incesante crecimiento amenazaba con dejarnos sin crédito y sin posibilidades de reactivación. El ajuste era y es imprescindible, y ningún grupo de presión, tampoco el de los sindicatos, puede pretender cambiar una reforma que ha sido respaldada por el Parlamento nacional, depositario de la soberanía popular. La huelga, en suma, ha sido inútil, y lo que ha puesto de relieve ha sido la necesidad de los propios sindicatos de cuestionarse su función, modernizar sus planteamientos y estructuras y adaptarse a la economía del siglo XXI.